Gobierno incorporó a comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en el registro antiterrorista
El Ejecutivo nacional agregó a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de terrorismo. La decisión generó protestas de organizaciones de derechos humanos y denuncias de persecución institucional.
El gobierno argentino ha decidido incorporar en el listado oficial de personas y entidades vinculadas con actos de terrorismo a miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, entre ellos aquellos que participaron en ocupaciones de terrenos en Villa Mascardi (Río Negro). Esta medida la ejecutó el Ministerio de Justicia durante el mes de septiembre.
La inclusión abarca figuras como “el mapuche de los binoculares”, identificado públicamente tras haber dado un testimonio durante la desaparición de Santiago Maldonado, además de otros referentes comunitarios como Luciana Jaramillo, Joana Colhuan, Jessica Bonefoi y María Nahuel. También incluyeron a quienes formaron parte de las acciones de usurpación de terrenos de Parques Nacionales y propiedades estatales y privadas en el contexto de reivindicaciones territoriales.
La comunidad, por su parte, rechazó categóricamente la medida, señalando que implica una criminalización de su pertenencia étnica y su reivindicación histórica de tierras ancestrales. Advirtieron que esta inclusión podría implicar consecuencias graves: desde la cancelación de cuentas bancarias o billeteras virtuales, hasta la imposibilidad de percibir prestaciones sociales como asignaciones familiares o pensiones por discapacidad.
Frente a esto, la Gremial de Abogados y Abogadas convocó una conferencia de prensa para denunciar lo que consideran una “persecución supremacista y criminal” contra pueblos originarios. Para esta agrupación, la medida no solo afecta a las personas incluidas, sino también abre un precedente que podría extenderse hacia otras organizaciones sociales que, en su actividad, resulten incómodas para ciertas políticas estatales.
Entre los antecedentes que motivan la controversia figura el episodio de 2017 en Villa Mascardi, durante un operativo llevado a cabo por fuerzas de seguridad en el que asesinaron a Rafael Nahuel por la espalda, hecho lo juzgaron como un homicidio agravado con exceso en legítima defensa. En aquel caso, los prefectos responsables fueron condenados posteriormente por la Justicia federal.
Fuente: Infobae