La Legislatura terminó de aprobar el acuerdo por la Cuenca de Salinas Grandes
En la jornada de ayer, la Cámara de Diputados de Salta dio sanción definitiva al Acuerdo Interprovincial suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Jujuy y el Gobierno de la Provincia de Salta.
El acuerdo fue firmado por Gustavo Sáenz y el ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. El convenio firmado establece la creación de una Comisión Interjurisdiccional dedicada a la gestión ambiental integral de la cuenca hídrica de Salinas Grandes.
El Poder Legislativo de ámbas provincias debía prestar conformidad al acuerdo refrendado por ambos mandatarios provinciales.
La comisión a la que hace referencia el convenio, estará compuesta por autoridades provinciales con competencia en asuntos ambientales, hídricos, minería y comunidades indígenas, asegurando una representación diversa y equitativa. Entre las tareas clave de este órgano se encuentra la realización de estudios hidrogeológicos destinados a establecer una línea de base de la cuenca, su hidrología y capacidad.
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La presidencia de la Comisión Interjurisdiccional estará a cargo de los secretarios de Recursos Hídricos de ambas provincias, alternándose en la función de presidencia. La financiación de esta comisión se llevará a cabo mediante contribuciones provenientes de ambas provincias, garantizando una colaboración financiera para la gestión de la cuenca.
Tras un fallo de la Corte
En marzo del 2023 la Corte Suprema de Justicia pidió informes y documentación al Estado Nacional —además de a las provincias de Salta y de Jujuy— sobre las concesiones para la explotación de litio y borato en las Salinas Grandes.
En ese momento, el gobierno de Morales había autorizado la exploración de proyectos mineros en la zona. Comunidades de pueblos originarios de la zona presentaron un amparo "en su carácter de afectadas directas en sus derechos a un ambiente sano, a la vida, al agua y a la autodeterminación".
"Nadie está en contra del auge minero, pero queremos que realmente se lleve a un trabajo acorde, consensuado entre todos los actores, lógicamente el gobierno de la provincia, el gobierno de Jujuy, Medio Ambiente, Minería y, por ende, nuestras comunidades originarias", dijo a Nuevo Diario el diputado Gerónimo Arjona del Departamento Los Andes.
El máximo tribunal —en un fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti— requirió “copia de todas las actuaciones vinculadas a la exploración y/o explotación de litio y borato en las provincias de Jujuy y Salta y las empresas y/o consorcios vinculadas a las mismas y las proyecciones económicas de tal actividad”.
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A los gobiernos provinciales les solicitó, además, que precisen qué juzgado Administrativo de Minas o autoridad administrativa intervino en el marco de las concesiones y “las actas de audiencias públicas convocadas y celebradas a tal fin”.
La Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos y otras comunidades indígenas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), formularon el amparo procurando que “se ordene suspender todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes”.
En ese contexto, pidieron que los gobiernos provinciales de Salta y Jujuy encaren “una gestión integral de la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc que garantice el cuidado del ambiente y que se efectúe una línea de base de la cuenca y luego la Evaluación de Impacto Ambiental adecuadas para el ecosistema y la actividad en cuestión”.
El acuerdo firmado responde a este pedido de las comunidades tras lo que fue la intervenciòn del máximo órgano judicial de la Nación.