A Argentina, el índice del 41,7% de pobreza señala que algo estamos haciendo mal
Según datos estadísticos, la pobreza en la Argentina llegó a 41,7% en el segundo semestre y quedó a sólo 0,3 décimas de su pico del 42% observado durante el segundo semestre del 2020, cuando terminó de impactar de lleno el efecto de la restricción más álgida de la cuarentena pandémica.
Ese frío número refleja que el 41,7% de la población del país es pobre, sufre de una pobreza que se percibe en aumento a pesar de que el gobierno nacional advierte la proyección de un dígito de inflación para el mes entrante.
Según datos de una realidad más palpable, doliente y cercana, la percepción supera los datos estadísticos y se afianzan con los anuncios de nuevos despidos que, según el gobierno nacional piensan llegar a los 120 mil nuevos desempleados. Nobleza obliga, hay que reconocer que, no todos los casos son “ñoquis”.
En 2023 la dinámica se volvió a salir de eje y como efecto colateral, la indigencia también mostró una dirección alcista y superó la frontera del 10%, fenómeno que no sucedía desde, también, la pandemia. Fue de 11,9% y llegó a niveles del 2006.
La pobreza, desbocada desde el último trimestre, dio un fuerte salto en el promedio de la segunda mitad del año, con especial incidencia del efecto de la devaluación de diciembre, aunque ya el ritmo era negativo, se espera que siga en alza. Para la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), que todos los meses publica una proyección del dato, que, de hecho, ya superó los niveles de la pandemia llegando por encima del 45%.
La medición de la UTDT, publicada por el investigador Martín Rozada a través del Nowcast de Pobreza, busca predecir la estimación del INDEC, a través del informe Incidencia de la Pobreza y la Indigencia en 31 aglomerados urbanos, correspondiente al segundo semestre del 2023. Para eso publica mes a mes la pobreza en semestres móviles. En el caso de julio-diciembre había observado una de 42,4%, con márgenes de error de entre 40,9% y 43,9%: el 41,7% del INDEC quedó dentro de las proyecciones.
Para septiembre-febrero, la UTDT publicó una incidencia de la pobreza del 46,3% de la población, con márgenes de error entre 44,8% y 47,8%. En cualquier caso, se trata de un salto fuerte respecto a lo publicado por el INDEC y una vuelta a niveles del 2003, muy por encima del 42% de la parte más complicada para la actividad económica durante la pandemia.
Además, las estimaciones de la UTDT permitieron observar en qué meses se disparó la pobreza. El INDEC publicó el dato del promedio semestral. Hacia adentro no se conocen los números oficiales. Los de la UTDT mostraron cierta estabilidad del indicador durante el tercer trimestre del año, es decir la primera mitad del período analizado.
Aumentos del 320%
A su vez, el anuncio de la Secretaría de Energía dio a conocer los nuevos cuadros tarifarios del servicio de gas natural por red en todo el país que implican aumentos promedio del 320%, con la novedad de la dolarización de los valores del Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Esta última decisión significa que el monto que cada usuario deberá pagar mensualmente surgirá de una conversión a pesos que dependerá de la evolución del tipo de cambio oficial y que seguramente generará nuevas facturas impagas, disparando más pobreza, simplemente porque no la podrán pagar, más allá de lo que dispuso la resolución 41/2024, publicada en el Boletín Oficial, en la que se detalla que los incrementos se aplicarán en tres etapas: la primera en abril, la segunda para el período mayo-septiembre y la tercera para el trimestre octubre-diciembre, dada la estacionalidad en las necesidades de consumo.
En un análisis más técnico, se desprende que la alta tasa de pobreza puede atribuirse a una combinación de factores, que incluyen –principalmente- las políticas gubernamentales deficientes, falta de oportunidades económicas, desigualdad de ingresos, acceso limitado a servicios básicos como educación y salud, y como factor detonante para esta realidad, la corrupción.
Los sectores gubernamentales son responsables de políticas económicas ineficientes, que más allá de buenas intenciones, a la vista está, que no dan los resultados esperados por propios y ajenos, sumado a la decisión presidencial de quitar en algunos casos y cortar las partidas presupuestarias a las provincias, poniendo en evidencia la falta de inversión en infraestructura social y programas de bienestar insuficientes.
Por otra parte, el sector privado también puede contribuir a la pobreza a través de prácticas laborales injustas, casi como una explotación de personas por salarios indignos, o evasión fiscal que se escuda en la inviabilidad de tributar ante la innumerable cantidad de impuestos que deben abonar, y la permanente suba de tarifas y combustible que ya se percibe en el cierre de numerosas PyMES que “pintan” un futuro nada prometedor para la economía argentina. Asimismo, el sector empresarial aduce que el pago de bajos sueldos obedece al permanente aumento de los productos que hacen imposible, en muchos casos, trasladar esos aumentos al precio de venta, las que cayeron notablemente, conformando así un cóctel demasiado peligroso de digerir.
La pobreza en Salta
En el contexto de la información precedente, Salta aparece como una de las pocas provincias en donde la pobreza tuvo un notable retroceso. Para el INDEC, en el segundo semestre de 2022 el indicador se ubicaba en 40,1%, mientras que la indigencia alcanzaba al 6,9% de los salteños. En tanto, en el primer semestre de 2023 el dato de pobreza fue de 37,5%, alcanzando al 6,6% de la población.
Asimismo, entre las regiones en que se divide la medición en base a la distribución geográfica, la región Noreste resulta que es la que tiene el mayor nivel de pobreza, con un 42% y también la que ostenta el mayor porcentaje de indigencia, 10,6%. Dentro de esta región sobresale el índice de pobreza más alto del país, que es el de Gran Resistencia en Chaco, con un 60,3% y el mayor porcentaje de indigencia del país también con 18,8%.
En este contexto, la sociedad en su conjunto, tiene la responsabilidad de abogar por políticas que promuevan la equidad y el acceso igualitario a oportunidades para reducir la pobreza y que tiene que canalizarla a través de los legisladores nacionales que, con su voto, tienen la oportunidad de demostrarle al pueblo de qué lado están.
NAG