La Corte citó a Nación y a La Pampa por deuda previsional
La CSJN convocó una audiencia para el 5 de noviembre en la que la provincia de La Pampa y el Estado nacional deben resolver el reclamo de la jurisdicción pampeana por el presunto desfinanciamiento de su sistema de jubilaciones.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) aceptó competencia originaria en el conflicto que enfrenta a La Pampa contra el Estado nacional por la interrupción de los aportes federales al régimen previsional provincial. Según La Pampa, el cumplimiento de esas obligaciones quedó suspendido desde el 10 de diciembre de 2023, lo que generó un déficit estructural que la provincia ha venido cubriendo con recursos propios. La resolución de la Corte cita al Gobierno Nacional y al Ejecutivo provincial para una audiencia el próximo 5 de noviembre a las 11 horas.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se refirió a la convocatoria como “un paso más, fruto de nuestro compromiso con las y los pampeanos”, y reafirmó que insistirán en la “legalidad de nuestro reclamo y la necesidad urgente de recuperar recursos que nos pertenecen y que el Gobierno nacional nos niega”.
El reclamo provincial plantea que, ante la falta de transferencia de los fondos, la provincia ha tenido que destinar durante 2025 unos 145 mil millones de pesos (contribuyendo también varios municipios) para sostener el pago de jubilaciones y pensiones, al tiempo que argumenta que ningún gobierno nacional anterior había incumplido de esta forma las obligaciones legales previstas para la financiación de su caja previsional.
En la resolución de la Corte se establecieron tres puntos centrales: primero, que la causa corresponde a la competencia originaria del máximo tribunal por tratarse de disputa entre una provincia y el Estado nacional; segundo, que se correrá traslado de la demanda para sustanciación por proceso ordinario; y tercero, la convocatoria formal a la audiencia de conciliación.
Desde la provincia destacan que la audiencia no solo representa una instancia legal, sino un símbolo de defensa del federalismo fiscal y de los derechos adquiridos por trabajadores y jubilados locales. Asimismo advierten que, de no resolverse el conflicto, podrían afectar partidas presupuestarias previstas para 2026 y tensar aún más la relación financiera entre nación y provincia.
Fuente: Ámbito Financiero