Argentina presenta una apelación ante el Segundo Circuito de EE.UU: en el juicio de YPF
Ante un fallo que la obligaría a pagar más de 16.000 millones de dólares y entregar una participación mayoritaria de YPF, el Estado argentino presenta una apelación ante el Segundo Circuito de EE.UU.
El gobierno argentino enfrenta uno de sus desafíos legales más determinantes en los tribunales internacionales: esta semana elevará su apelación ante la United States Court of Appeals for the Second Circuit, en Nueva York, con la intención de dejar sin efecto el fallo que lo condenó a abonar 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF. El monto lo fijo la jueza federal Loretta Preska en septiembre de 2023 y representa una de las mayores condenas económicas contra el país.
La apelación se enfoca en tres argumentos centrales: primero, que se vulneró la inmunidad soberana del Estado, ya que la normativa estadounidense (FSIA) no permitiría ejecutar bienes estatales ubicados fuera del país sin que medie consentimiento explícito. Segundo, que la aplicación de la norma de “turnover”, que habilita la transferencia de activos para saldar sentencias,lo interpretaron de manera incorrecta al obligar a Argentina a entregar acciones de YPF que no estaban vinculadas al territorio de EE.UU. Por último que la exigencia de entregar el 51 % del capital accionario de YPF contradice la legislación argentina, que exige aprobación parlamentaria para cualquier operación sobre la empresa estatal.
Este movimiento legal adquiere una gran relevancia en un contexto de restricción financiera y raras instancias de lejanía respecto de otros reclamos multimillonarios. De no prosperar la apelación, el Estado podría verse forzado a desprenderse de su participación mayoritaria en YPF o a afrontar una ejecución que comprometa activos estratégicos. Mientras tanto, la Cámara de Apelaciones ha extendido plazos para evaluar la apelación, lo que brinda una tregua temporal al país en tanto se resuelve el trámite.
Por su parte, desde el gobierno se señala que el fallo vulnera la soberanía nacional y sienta un precedente que podría afectar a otras jurisdicciones que experimentan litigios con Estados extranjeros. Esto se suma a la preocupación por el impacto político, económico y simbólico que implicaría la pérdida de control sobre una empresa clave para la industria energética argentina. En ese sentido, la defensa resalta que la decisión de un tribunal de EE.UU. de ordenar la entrega forzada de activos estatales sería inédita y pone en juego mil-aspectos estructurales del federalismo y de la autonomía del Estado.
Fuente: Ámbito Financiero