El Concejo Deliberante de Orán volvió a ser escenario de tensiones políticas y acusaciones cruzadas luego de que fracasara la votación para insistir en el rechazo del contrato entre el Municipio y la empresa Orán Luz, encargada del servicio de alumbrado público.
La concejala Griselda Choque confirmó que el cuerpo deliberativo no alcanzó los votos necesarios para sostener la ordenanza que rechazaba la contratación de la firma, pese a que los dictámenes técnicos y legales del propio Concejo advertían irregularidades en el proceso de adjudicación. “Todos los concejales sabemos cómo se llevó a cabo la contratación. No se cumplió la ley de contrataciones y hubo falta de transparencia”, denunció Choque.
Según relató la edil, varios concejales cambiaron su voto a último momento, tras recibir una nota del secretario de Asuntos Legales, José Ortega Argibay, con supuestas aclaraciones sobre el contrato. Sin embargo, esa información nunca fue remitida oficialmente a todos los ediles, lo que generó más sospechas y desconfianza.
Fracturas políticas
Los bloques que impidieron la insistencia fueron La Libertad Avanza (Guantay, Gomila y Copes) y Compromiso por Orán (Ávila, Urdapilleta, Farfán y Segovia). El resultado profundizó la fractura interna del Concejo y evidenció las tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo municipal.
Choque también denunció que el Ejecutivo no responde a los pedidos de informe presentados durante el año. “Recién ahora, en octubre, comenzaron a llegar algunos correos con respuestas. Es una falta de respeto institucional y un incumplimiento de la Carta Orgánica”, subrayó. Para revertir esta situación, el Concejo aprobó recientemente una ordenanza que regula los plazos de respuesta del Ejecutivo, fijando un máximo de 15 días hábiles para remitir la información solicitada. “Si no se cumple, corresponde llevar el caso a la Justicia o a la Auditoría, porque se trata de incumplimiento de deberes de funcionario público”, advirtió la edil radical.
Frente a las críticas del oficialismo, Choque respondió que el control legislativo no busca obstaculizar la gestión, sino garantizar la transparencia y el uso correcto de los fondos públicos. “El control molesta, pero es nuestra función. No se trata de poner palos en la rueda, sino de cuidar el dinero de los vecinos. Es lo que la gente espera: transparencia y rendición de cuentas”.
Las declaraciones también apuntaron al secretario Ortega Argibay, quien había cuestionado el trabajo de algunos ediles, diciendo que “solo aparecen los martes a tomar café”. “Me parece una falta de profesionalismo. Los concejales que nombra somos los que más trabajamos y estamos todos los días. Hay funcionarios que quieren instalar otra realidad”, retrucó Choque.
Nepotismo, sueldos y ética pública
En el marco de la sesión del Concejo oranense, continuó la saga escandalosa de nepotismo, tras la revelación de Nuevo Diario de la semana pasada, y que derivó en una investigación más grave: 10 de los 12 concejales mantienen a familiares designados como secretarios privados, varios de los cuales cobran sueldos sin asistir a trabajar. La investigación difundida por este medio encendió el escándalo, mostrando que los designados gozan además de obra social, ART y otros beneficios, pese a la falta de tareas comprobables. Por si fuera poco, el presidente del Concejo justificó las ausencias como “trabajo remoto”, lo que generó un fuerte repudio ciudadano.
La concejal Patricia Segovia (UCR) fue una de las primeras en denunciar la situación. Ya en sesiones anteriores había presentado un pedido para establecer un sistema de control de asistencia para todos los miembros del cuerpo, propuesta que fue rechazada de manera categórica. “La gente tiene derecho a saber quién trabaja y quién no. No podemos exigir transparencia al Ejecutivo si no la aplicamos dentro del Concejo”, manifestó Segovia.
El caso más comentado fue el de la hija de la edil Mirta Copes, quien se desempeña como su secretaria y fue vista de vacaciones en Brasil, pese a figurar activa en los registros del organismo.
Al respecto, la concejal Griselda Choque anunció la presentación de un proyecto de Ética en la Función Pública, que exigirá declaraciones juradas de vínculos familiares y laborales a todos los funcionarios y empleados municipales. “No solo hay nepotismo, también hay ‘ñoquis’. Es un problema ético y de gestión. Hay que empezar por ordenar la casa”, afirmó Choque.
Mientras tanto, crece la indignación entre los vecinos de Orán, que reclaman sanciones y auditorías externas para esclarecer la responsabilidad política y administrativa de los concejales involucrados.
Desde la convención constituyente
A raíz de las denuncias, los convencionales municipales Pablo Cobos, Nélida Melgar, Nayla Donat y Agustín Díaz presentaron un proyecto de reforma de la Carta Orgánica Municipal para establecer un límite definitivo y permanente a las designaciones por vínculos familiares. El texto propone que todos los cargos municipales sean cubiertos mediante concursos públicos, priorizando el mérito y la igualdad de oportunidades.
“Orán necesita instituciones transparentes, modernas y al servicio de la gente. Con esta decisión damos un paso histórico”, señalaron los autores del proyecto.