Cruce de la Auditoría y la intendenta de San Carlos por supuestas irregularidades
La Auditoría General de la Provincia de Salta ratificó la presentación de una denuncia penal contra la Municipalidad de San Carlos y su intendenta, María del Carmen Vargas, por incumplimiento en la presentación de informes y balances financieros.
Si bien la medida fue confirmada por el presidente del organismo, Gustavo Ferraris, desde la intendencia rechazaron la veracidad de tal presentación.
“Desde que inició esta gestión no vemos predisposición de la municipalidad de San Carlos para presentar los informes”, expresó Ferraris en declaraciones a medios del Valle Calchaquí, al remarcar que el municipio no utilizó las herramientas digitales ni los plazos de prórroga otorgados por el Foro de Intendentes, que se extendieron hasta septiembre. “El que quiere, siempre demuestra o se muestra predispuesto a cumplimentar. Ahora, el que desaparece, a priori, para mí, es que no quiere”, añadió el auditor.
Ferraris explicó que el actual sistema de rendiciones, apoyado en plataformas como G Edward y en transferencias digitales, permite un control más eficiente y transparente de las cuentas municipales. “Nosotros ayudamos a quienes muestran predisposición para cumplir”, sostuvo, lamentando que en el caso de San Carlos no haya existido esa actitud. Asimismo, precisó que la denuncia ya fue formalizada y que ahora la causa quedará en manos del Ministerio Público Fiscal, organismo encargado de determinar la existencia de delitos o irregularidades.
La respuesta de la intendenta Vargas
Por su parte, la intendenta María del Carmen Vargas salió a aclarar públicamente la situación y negó categóricamente la existencia de irregularidades financieras. Explicó que las transferencias cuestionadas por la Auditoría corresponden al pago de su sueldo y que toda la documentación fue presentada ante el organismo fiscalizador.
“Nos mandaron una notificación pidiendo documentación sobre transferencias del municipio a mi cuenta personal con fechas del 5 de enero, 9 de febrero, 8 de marzo y 8 de abril de 2024”, relató Vargas. “Los montos coinciden exactamente con los haberes correspondientes a cada mes: 575.652 pesos, 977.597, 1.197.500 y 1.290.987, respectivamente”, detalló.
Según la jefa comunal, el municipio ya presentó los recibos de sueldo y extractos bancarios que respaldan esas operaciones, realizadas —afirmó— “en las fechas habituales de pago del personal municipal”.
En cuanto a la denuncia penal mencionada por Ferraris, la intendenta aseguró no haber sido notificada oficialmente.
“Me enteré por los medios. Supuestamente lo dijo el auditor, pero a nosotros no nos llegó nada. Además, se dijo que me había transferido 50 millones o 660 millones, algo completamente falso. Ojalá pudiéramos disponer de esos fondos cuando los municipios están sin un peso”, ironizó.
Finalmente, Vargas reiteró que su descargo ya fue presentado formalmente por su apoderado legal y remarcó: “Todo está en regla. No hay ninguna irregularidad: las transferencias son los haberes que percibo mensualmente como intendenta del municipio de San Carlos”.