Denunciaron a Zapata por supuesto lobby a favor de cigarreras

La denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público Fiscal por parte del senador provincial Enrique Cornejo.

La denuncia se centra en los hechos que sucedieron durante el debate de la Ley Ómnibus, en específico sobre los puntos que el gobierno nacional buscaba modificar sobre la actividad tabacalera.

"Motiva la presente y así lo pido, que el funcionario público nombrado, sea investigado por posibles delitos contra la administración y la función pública – Cap. IV y VI Título XI C.P., especialmente delineados por la conducta tipificada en el artículo 256 bis del mismo cuerpo normativo, en cuanto a posible comisión de hechos de tráfico de influencia, y/o por ilícito que la Fiscalía considere pudiera incurrir el mismo", indicó Cornejo en la denuncia a la que pudo acceder Nuevo Diario. 

Los hechos que describe el senador en su presentación tiene que ver con las acusaciones que surgieron contra el diputado nacional por Salta, Carlos Zapata, acusándolo de responder a un lobby empresarial a favor de las cigarreras. 

En una editorial del Diario La Nación que firma el periodista Carlos Pagni, se señaló a Zapata, Cristían Ritondo y a Diego Santilli como legisladores nacionales que operaban a favor de un grupo de empresas del sector que se oponían a las modificaciones que impulsaba el gobierno nacional. 

"Según indican reiteradas notas periodísticas de medios nacionales y provinciales que se adjuntan para su investigación, en el desempeño de sus funciones como diputado nacional, el Sr. Zapata estaría vinculado a empresas cigarreras a quienes respondería desprotegiendo intereses del Estado, labores funcionales y obligacionales propias y apartándose del principio de imparcialidad", prosiguió en su denuncia Cornejo.

Las modificaciones tenían el acuerdo de las principales cámaras que nucleaban a productores tabacaleros y respondían a una histórica demanda del sector para que el Fondo Especial del Tabaco (FET) tenga mayor recaudación sobre empresas cigarreras nacionales que habían logrado evitar tributar a través de polémicas medidas cautelares.

El gobierno proponía, a los fines de buscar una solución y obtener una norma impositiva aplicable a todas las cigarreras por igual, eliminar el valor mínimo del impuesto interno, y elevar del 70 al 73% la alícuota del impuesto interno. De esa forma, el tratamiento impositivo sería igual para todas las cigarreras y permitiría la competencia en un plano de igualdad fiscal.

Para las cigarreras del país, no era conveniente eliminar el valor mínimo, ya que si bien lo cuestionan judicialmente, no estaban de acuerdo con la medida para que sus competidores lo tengan que pagar y obligarlos así a vender un cigarrillo caro, para así mantener su ventaja judicial y poder venderlo a bajo precio.

Fue en razón de esta discusión que se procedió a la denuncia y se requirió a la justicia investigue los vínculos del diputado Zapata, en torno a si hubo una búsqueda del beneficio de las cigarreras por sobre la recaudación, lo que afectaría a la producción tabacalera.