El Gobierno anunció el lanzamiento de una licitación pública para privatizar 1.800 km de rutas nacionales
En el marco de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones, el gobierno anunció que concesionó 1.800 km de autopistas y rutas nacionales bajo gestión privada.
El Gobierno nacional ha dado un paso importante hacia la expansión de la infraestructura vial mediante el anuncio de una licitación pública que contempla la concesión de aproximadamente 1.800 kilómetros de autopistas y rutas nacionales. Se trata de los tramos de las autopistas Autopista Riccheri, Autopista Ezeiza–Cañuelas, y Autopista Newbery, junto con los recorridos de las rutas nacionales 3, 5 y 7.
La iniciativa se integra en la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones, la cual lo plantearon como un mecanismo para modernizar la gestión vial, atraer inversión privada y reducir la carga financiera estatal. Según fuentes oficiales, el modelo que se abandona es el de subsidios directos del Tesoro, a favor de una gestión “transparente, competitiva y sin subsidios” para esos sectores de la infraestructura.
Los tramos implicados se ubican en diversas zonas del país: el «Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur» con alrededor de 1.325 km que abarcan la RN 3, 205, 206. También las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas; además de un tramo de la RN 5 por unos 547 km que conecta localidades como Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, Nueve de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Catriló y Santa Rosa.
El ministro de Economía calificó la medida como un hito para contar con “una infraestructura vial más moderna, alentando la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”. Se prevé que la licitación contemple tanto oferentes nacionales como internacionales y que los contratos incluyan compromisos de mantenimiento, modernización y operación, con un esquema concesional.
Analistas del sector destacaron que la medida podría mejorar los corredores logísticos y aliviar cuellos de botella en el transporte, especialmente en zonas vinculadas al acceso marítimo o fluvial. Sin embargo, también señalan riesgos: entre ellos, la necesidad de fiscalización de los contratos, el posible aumento de peajes o tarifas para los usuarios y el impacto sobre la distribución de recursos en regiones más alejadas.
Los pliegos de licitación se publicarán en breve, con una convocatoria a empresas interesadas en operar estos tramos. A partir de ello, se espera un proceso de evaluación competitivo que definirá quiénes asumirán la operación privada de esos 1.800 km estratégicos.
Fuente: Ámbito Financiero