Jueces federales alertan riesgo de funcionamiento por recortes en el Presupuesto 2026
Jueces advirtieron que el anteproyecto de ley de presupuesto para 2026, que incluye recortes del 8 % en términos generales y del 74 % en bienes de uso para el Poder Judicial, pone en riesgo el funcionamiento de los tribunales y compromete la independencia judicial.
Los Magistrados de las Cámaras Federales manifestaron de manera formal su gran inquietud ante el proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2026. Según lo expresado en un comunicado emitido por la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones, el crédito asignado implicaría una reducción del 8 % en el presupuesto general del Poder Judicial. Además indicaron una caída del 74 % en el rubro “Bienes de Uso”, que incluye mantenimiento edilicio, equipamiento tecnológico y obras de infraestructura.
Los magistrados advirtieron que si esta previsión se concreta, “se vería gravemente afectado el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial”, la cual calificaron como un pilar esencial del Estado de Derecho. En su pronunciamiento enfatizaron que la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera son condiciones indispensables para garantizar esa independencia.
Una parte esencial de la preocupación se concentra en que el recorte propuesto en Bienes de Uso imposibilita sostener obras, mantenimiento y modernización tecnológica. En la era de la implementación del sistema procesal penal federal, los tribunales necesitan equipamiento actualizado, infraestructura adecuada y medios digitales eficientes para no quedar rezagados. Los jueces sostienen que sin esos recursos, la administración de justicia perderá eficacia, y el acceso de la ciudadanía a un servicio moderno y digno de justicia podría verse limitando.
Además, los magistrados afirmaron que asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido para la población. En ese contexto, hicieron un llamado al Congreso y al Ejecutivo para que revisen el proyecto presupuestario y lo ajusten “a las reales necesidades” del Poder Judicial. Esto con el fin de preservar el equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible.
Fuente: Infobae