Docentes en alerta ante la posible reforma del Estatuto del Educador
Un sector de la docencia salteña se mantiene en estado de alerta ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados retome el debate por la reforma del Estatuto del Educador (Ley 6830), tras la postergación del proyecto que generó amplio rechazo en el sector.
La medida legislativa fue anunciada en la sesión de este martes, luego de que la Asociación Docente Provincial (ADP) convocara a un paro total de actividades para el 19 de noviembre.
El proyecto proponía incorporar el artículo 31 bis al Estatuto Docente, estableciendo que ningún educador podría solicitar traslado si le faltaban menos de seis años para acceder a la jubilación ordinaria.
En la normativa actual, el requisito es de tres años y 22 años de servicio.
Desde el oficialismo, el argumento central era garantizar la “estabilidad pedagógica” en las zonas rurales, aunque la propuesta fue criticada por haberse elaborado “sin consulta previa con los representantes del sector docente”.
La vicepresidenta de la Comisión de Educación de Diputados, Laura Cartuccia, reconoció que se trataba de un proyecto “totalmente inconsulto” y anticipó que el próximo lunes 17 se convocará a una reunión con los gremios.
“Queremos trabajar en una reforma integral del Estatuto Docente, con los puntos que todos los actores involucrados consideren necesarios modificar”, expresó en diálogo con FM Aries.
Desde la Tendencia Docente Clasista, el dirigente Nahuel López Riquelme calificó el freno legislativo como “un retroceso ante el repudio generalizado de la docencia”, aunque advirtió que “la situación no está resuelta y hay que seguir en estado de alerta”.
Consultado por Nuevo Diario, sostuvo que el Ejecutivo “pretende consensuar una reforma con los gremios oficialistas como la ADP”, y remarcó que el problema de fondo “no es la movilidad docente sino el deterioro salarial y las jubilaciones de miseria”.
“Muchos docentes solicitan traslado a zonas desfavorables porque es la única forma de mejorar sus ingresos antes de jubilarse. Nadie elige trabajar en condiciones extremas por vocación, sino como una estrategia de supervivencia frente a un Estado que paga sueldos por debajo de la canasta familiar”, explicó López Riquelme.
El dirigente agregó que la falta de continuidad pedagógica en zonas rurales “no se debe a los traslados, sino a la falta de infraestructura, caminos en mal estado, ausencia de servicios básicos y escasos recursos para comedores escolares”.
“El Gobierno busca responsabilizar al docente de un problema estructural del sistema educativo”, advirtió.
“El problema no es técnico ni administrativo, sino político y estructural: los bajos salarios y el vaciamiento del sistema educativo. Solo la unidad y la lucha desde las bases pueden frenar este nuevo intento de precarización y defender una educación pública con salarios y jubilaciones dignas”, concluye el comunicado.
En tanto el docente adelantó que se mantendrán en estado de alerta y que en breve comenzarán a instalar debates en las escuelas, a la espera de la reunión convocada por Diputados para definir los próximos pasos en torno a una posible reforma del Estatuto del Educador.