La actual Ley de Salud Mental no brinda respuestas oportunas del Estado
El reciente caso ocurrido en Buenos Aires —donde una turista brasileña murió tras ser empujada por un hombre con antecedentes psiquiátricos y penales— volvió a exponer las profundas falencias del sistema de salud mental en la Argentina.
A partir de este hecho, el periodista y psicólogo Rodolfo “Toti” Ceballos analizó las contradicciones legales y operativas que dificultan la intervención del Estado frente a personas consideradas inimputables o con trastornos psíquicos severos.
Ceballos explicó por FM Pacífico que el episodio refleja un problema de base: la imposibilidad de internar de manera involuntaria a quienes representan un riesgo claro para sí mismos o para terceros.
“La ley de Salud Mental tiene 14 proyectos de re-forma presentados. Eso ya muestra la magnitud del conflicto. La norma quedó atrapada en una doctrina jurídica —la del ‘peligrosismo’— que hace muy restrictivas las internaciones”, señaló.
Bloqueo de intervenciones y contradicciones
El especialista recordó que el artículo 22 de la ley, sancionada en 2010, fija el protocolo para internaciones voluntarias e involuntarias. El problema aparece en este último punto. La norma habilita internar solo ante un “riesgo cierto e inminente”, lo cual abrió un margen de interpretación tan amplio que derivó en criterios dispares entre jueces, hospitales y organismos de control.
“Faltó mejor técnica legislativa. A esa definición le falta una palabra clave: ‘riesgo grave’. Esa omisión terminó generando una torre de Babel entre juristas, médicos y operadores del sistema. Las internaciones se volvieron casi imposibles, aún cuando el paciente perdió conciencia de enfermedad, voluntad y criterio de salud”, explicó.
Ceballos indicó que el diputado Álvaro Martínez (LLA) propone modificar específicamente este artículo para incorporar la calificación de riesgo grave y así permitir intervenciones más expeditivas.
Salta: adicciones e incapacidad de respuesta
Al trasladar su análisis a la situación de Salta, Ceballos advirtió que el indicador de adicciones “se disparó en dos años hasta rozar el 60%”, y que muchas de esas personas perdieron la conciencia de enfermedad, lo que vuelve necesaria una internación involuntaria.
El problema aparece cuando la propia ley lo impide y, al mismo tiempo, no existen suficientes dispositivos ni lugares donde alojar a pacientes que requieren tratamiento.
A esto se suma que el Hospital Ragone mantiene criterios internos de ingreso muy estrictos, lo que genera una segunda barrera incluso cuando es imprescindible la internación.
Frente a esa doble limitación, la única vía suele ser la judicialización. En ese punto interviene la curadora oficial María José Miranda, de la Asesoría General de Incapaces, quien tiene la facultad de solicitar internaciones en representación de personas con discapacidad mental.
Ceballos explicó que ese mecanismo permite destrabar la “otra cerradura”, la que impone el Ragone cuando el sistema sanitario no logra avanzar por sí solo.
Pero aún así, la falta de disponibilidad de camas y dispositivos adecuados hace que muchas personas continúen sin tratamiento efectivo.
En cuanto al panorama nacional, Ceballos señaló que la Provincia de Buenos Aires mantiene hospitales monovalentes, como el Borda, el Piñeiro o el Braum, que concentran la atención psiquiátrica.
Para Ceballos, la combinación de una ley con términos ambiguos, protocolos sanitarios restrictivos y una capacidad limitada de internación deja al Estado sin herramientas para prevenir episodios violentos protagonizados por personas que necesitan tratamiento, pero no logran ser contenidas.
Afirmó que sin una reforma que incorpore el concepto de riesgo grave y sin criterios unificados entre justicia y salud, los vacíos normativos seguirán provocando que pacientes permanezcan en la vía pública sin abordaje adecuado.