La Cámara de Diputados de Salta avanzó este martes con el tratamiento del Presupuesto Provincial 2026, un debate atravesado por tensiones macroeconómicas y un escenario político que busca recomponer la relación entre Nación y Provincia.
La miembro informante, Patricia Hucena, presentó los ejes de un proyecto que asciende a $4,2 billones y que —según la visión oficialista— se construyó bajo el signo de la responsabilidad fiscal, la previsión y la estabilidad administrativa.
Hucena enmarcó la discusión en un contexto nacional en el que el FMI redujo las proyecciones globales, pero remarcó que el presupuesto provincial mantiene supuestos optimistas: un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio proyectado en $1.423 para fin del año. “No necesitamos descalificar, pero sí reconocer la inestabilidad que atraviesa al país”, sostuvo, señalando que las transferencias nacionales “han tenido variaciones que ningún distrito pudo evitar”.
Equilibrio fiscal y reducción de deuda: el argumento oficialista
El oficialismo defendió el presupuesto como la herramienta que permitirá “orden fiscal, presencia territorial y acción estatal” en un 2026 que se anticipa complejo. Hucena destacó que Salta sostiene un equilibrio fiscal ininterrumpido desde hace seis años, algo que —afirmó— solo fue posible por disciplina en el gasto corriente y políticas de responsabilidad fiscal.
Según los datos presentados, la Provincia heredó una deuda de 640 millones de dólares y logró reducirla en 300 millones. Los intereses representan apenas el 2,29% de los gastos corrientes, lo que para el oficialismo constituye un indicador de solvencia que “pocas provincias pueden mostrar”.
El resultado financiero, incluso contemplando los gastos de capital, continúa siendo superavitario. “La provincia no gasta más de lo que ingresa”, remarcó Hucena, y sostuvo que ese superávit permite cumplir obligaciones sin comprometer servicios esenciales.
La distribución del gasto
El proyecto destina el 87,3% del presupuesto a funciones esenciales. Educación absorbe el 42,9%, Salud el 26,6% y Seguridad el 17,8%. Hucena desarrolló también la estructura del empleo público: Salta cuenta con 74.000 agentes estatales, de los cuales 35.000 pertenecen al área educativa, 14.027 a salud y 15.685 a seguridad. El 58% del gasto total corresponde a personal, un indicador que se mantiene estable en relación con años anteriores.
En materia de recursos, la provincia sigue dependiendo fuertemente de la coparticipación federal: el 76% de los ingresos proviene de Nación y apenas el 24% de recaudación propia. Salta recibe 133 mil pesos por habitante, ubicándose en el puesto 17 a nivel nacional, un dato que la diputada calificó como evidencia de la necesidad de “una distribución más equitativa”.
Obra pública
Una de las defensas más firmes del oficialismo fue la inversión en obra pública. La diputada María López sostuvo que, aún con un contexto nacional adverso, “la obra no se detuvo”, y destacó un presupuesto de $294 mil millones, equivalente al 7% del total.
La planificación contempla 488 obras nuevas distribuidas en toda la provincia, priorizando agua y saneamiento, salud y vivienda, y manteniendo 2.560 intervenciones en ejecución, entre ellas proyectos estratégicos como el Polo Tecnológico, el Corredor Bioceánico, el nuevo hospital San Bernardo, la autopista de circunvalación oeste y el centro de convenciones de Cafayate.
López destacó además la existencia de un portal digital donde por primera vez se publican montos, etapas y origen del financiamiento.
Las críticas
Las intervenciones opositoras más duras fueron las de Guillermo Durand Cornejo, José Gauffin y Roque Cornejo. Durand Cornejo cuestionó que la Legislatura vuelva a otorgar “libre disponibilidad de partidas”, recordando que antes de los años ‘90 modificar las partidas sin autorización era causal de denuncia penal por malversación. “Así las cosas, no nos queda margen ni escepticismo”, señaló, denunciando la falta de precisión sobre hacia dónde se moverán los recursos.
Roque Cornejo también cuestionó en esa línea, al igual que José Gauffin, que puso énfasis en los fondos discrecionales.
Salud y educación
La diputada Laura Cartuccia valoró la decisión de sostener el presupuesto de salud en un sistema tensionado por emergencias sanitarias, enfermedades estacionales y la crisis del IPS. Destacó avances como la campaña contra el dengue, pero advirtió que acompañar “no es hacerlo en silencio” y pidió un mayor compromiso con la salud pública.
También hizo hincapié en el presupuesto educativo: “Nos toca discutir cuánto vale en los hechos la escuela pública salteña”, señaló, abriendo uno de los debates más sensibles del recinto.
Tras más de cuatro horas de intervenciones —en las que los legisladores repasaron obras y partidas de sus departamentos— al cierre de esta edición, la Cámara Baja se disponía a aprobar el proyecto, que ahora pasó al Senado para su tratamiento final.