La Legislatura salteña aprobó este martes la nueva Ley de Ministerios, una profunda reestructuración del Poder Ejecutivo que redefine el organigrama estatal, crea la Jefatura de Gabinete, elimina carteras completas, redistribuye competencias y reduce de manera obligatoria el número de Secretarías de Estado.
El proyecto —impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz— fue presentado en el recinto por la diputada oficialista Socorro Villamayor y recibió acompañamiento mayoritario, con una única negativa: la del legislador de La Libertad Avanza, Roque Cornejo.
La iniciativa pasa ahora al Senado para su revisión, en un trámite que avanza a ritmo acelerado, mientras persisten críticas por la falta de discusión previa y por la situación de áreas sensibles como la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, acéfala desde junio.
Estado más eficiente
Villamayor actuó como miembro informante y planteó que la intención del Ejecutivo es “mejorar el Estado mediante un Estado más reducido, pero presente”, con un diseño que busca eficiencia administrativa y un recorte significativo del gasto político.
El cambio más relevante es la creación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, figura con rango ministerial que absorberá funciones claves, incluidos los roles que cumplían el disuelto Ministerio de Infraestructura y la también eliminada Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas. Según el proyecto enviado por el Ejecutivo —firmado por el gobernador Gustavo Sáenz— esta concentración de atribuciones permitirá “una gestión más eficaz y de menor costo para el erario público”. La reforma establece además que el Gobernador podrá crear Secretarías y Subsecretarías, pero el total no podrá superar las 30, una reducción drástica frente a las 47 u 48 que contemplaba el esquema vigente.
Ocho ministerios y nuevas competencias
Aunque la cantidad de ministerios no se amplía, sí cambia su composición interna y sus alcances. El proyecto fija una estructura compuesta por ocho ministerios, la Secretaría General con rango ministerial y la nueva Jefatura de Gabinete. Entre las modificaciones más relevantes: -Gobierno y Justicia: absorbe las competencias de Justicia que antes estaban en Seguridad, retomando un diseño similar al inicio de la gestión. -Seguridad: queda concentrado exclusivamente en políticas de prevención, seguridad vial, narcotráfico y emergencias, alineado con el Plan Güemes provincial y el Plan Roca nacional. -Producción y Minería: cambia su nombre para enfatizar la minería como eje estratégico. -Economía y Servicios Públicos: suma funciones de modernización del Estado.
Estas transformaciones, según Villamayor, “muestran la voluntad del gobernador de reducir gastos y mejorar la eficiencia”.
En medio de la reorganización estatal, una paradoja quedó expuesta y sin respuesta durante la sesión: la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad continúa sin autoridad desde la renuncia de Itatí Carrique en junio de 2025.
El nuevo proyecto mantiene el área bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, pero nada dice sobre su conducción, un vacío que organizaciones feministas vienen denunciando hace meses sin obtener definiciones del Ejecutivo.
Según el texto enviado por el Gobierno, la reforma pretende “elevar los estándares de eficiencia y reducir considerablemente la organización administrativa estatal”, al tiempo que “fortalece la coordinación interna” con la nueva Jefatura de Gabinete y ordena competencias dispersas entre ministerios.
También autoriza al Gobernador a “efectuar todas las reestructuraciones orgánicas y presupuestarias que fueren menester” para aplicar la ley, e implica la derogación de las leyes 8.171 y 8.274, marcos históricos de organización del gabinete provincial.