La Justicia ordena el decomiso de bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez
El Tribunal Oral Federal 2 dispuso la incautación de propiedades y sumas de dinero en una medida sin precedentes que afecta a la ex presidenta, sus hijos y el empresario Báez.
En un fallo histórico, el Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires ordenó el decomiso de bienes por un valor de 684.990 millones de pesos a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. La resolución judicial, firmada este martes, constituye la incautación más importante registrada en causas por corrupción en Argentina.
La medida se enmarca en la sentencia firme del caso por administración fraudulenta contra el Estado, que había fijado inicialmente un decomiso de 84.835 millones de pesos en junio de 2025. Este monto fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia.
El tribunal dispuso la tasación y ejecución inmediata de los bienes identificados, dando prioridad a aquellos en poder de los condenados y las sociedades vinculadas a la maniobra delictiva. La resolución afecta propiedades de empresas como Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, y Loscalzo y Del Curto SRL, además de inmuebles cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.
La Fiscalía logró individualizar bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período que el tribunal consideró relevante para la maniobra delictiva. Las defensas de los imputados habían solicitado el rechazo del decomiso, argumentando falta de acreditación del nexo causal entre los activos y el delito, así como insuficiencia probatoria y vulneración de principios constitucionales.
Fundamentación
El tribunal fundamentó su decisión en normativa nacional e internacional, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece la obligación de recuperar activos provenientes de delitos de corrupción. Los jueces consideraron que la sentencia firme acreditó beneficios económicos directos e indirectos para Báez y la familia Kirchner, derivados de la adjudicación irregular de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
La resolución establece que el decomiso puede recaer sobre bienes transformados, sustituidos o mezclados con activos de origen lícito, siempre que exista una vinculación razonable con el delito. El tribunal comunicó la medida a la Corte Suprema de Justicia para que determine el destino final de los inmuebles, priorizando la reparación del daño causado a la administración pública y la sociedad.
La Fiscalía mantiene la facultad de identificar nuevos bienes susceptibles de decomiso durante la ejecución de la sentencia. El proceso de realización de los bienes se llevará adelante conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, marcando un hito en la lucha contra la corrupción en Argentina.