CTERA denuncia la Ley de Libertad Educativa como un ataque democrático
La CTERA rechazó el proyecto de ley propuesto por el gobierno, advirtiendo que promueve la privatización de la educación y vulnerar derechos laborales conquistados durante décadas.
En un comunicado, la La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) expresó su rechazo al proyecto Ley de Libertad Educativa, calificandolo como “un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto”. la iniciativa busca derogar la Ley de Educación Nacional vigente (LEN 26.206), un pilar legislativo aprobado en 2006 tras amplios debates con los distintos sectores sociales.
Para la CTERA, la propuesta pretende redefinir la educación como un “servicio”, alineándose con intereses de corporaciones empresariales. Además de promover un modelo educativo basado en la libertad individual por sobre el interés social. En su visión, se debilita el papel del Estado como garante principal de la educación pública, pues se lo reduce a un rol subsidiario.
Asimismo la CTERA señala que el proyecto propone sustituir la financiación estatal por un esquema de “vouchers” para que las familias puedan costear escuelas privadas. Además de la idea de que la familia sea la “responsable primaria” de la educación, según el gremio, rompe con la socialización colectiva propia de la escuela pública y debilita la justicia social.
La CTERA también se opone a la introducción de formación religiosa confesional en escuelas públicas y al impulso del homeschooling (educación en casa).
Por último denuncian que la propuesta declara a la educación básica como “servicio esencial”, lo que podría restringir la huelga docente. Además, alerta sobre la instauración de pruebas estandarizadas obligatorias y una evaluación docente con carácter punitivo, basada en criterios meritocráticos.
El sindicato subraya que el nuevo texto podría anular artículos clave de la Ley de Educación Nacional, como el artículo 9°, que garantiza que la inversión educativa no sea inferior al 6% del PBI. También el artículo 10°, que impide acuerdos comerciales para concebir la educación como una mercadería.
Por su parte, Hugo Yasky, secretario general de la CTA, definió el proyecto como una “reforma terraplanista” que busca desmontar el sistema educativo moderno. Además de eliminar la responsabilidad indelegable del Estado, y dejar el diseño curricular y organizativo de las escuelas en manos privadas.
En su cierre, la CTERA sostuvo que “rechaza públicamente este nuevo intento de avanzar con la privatización y destrucción de la Educación Pública”. También advirtió que se trata de un retroceso “reaccionario” que podría llevar al sistema educativo argentino a un modelo del siglo XIX.
Fuente: Ámbito Financiero