Este lunes, Ricardo Villada confirmó que dejará el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo en diciembre.
La salida no es menor: se trata de uno de los hombres más cercanos y de mayor confianza política del gobernador Gustavo Sáenz, un dirigente que acompañó al mandatario desde sus tiempos en la intendencia capitalina y que luego se convirtió en pieza clave del andamiaje provincial.
La confirmación llegó durante la asunción de las nuevas autoridades legislativas, donde Villada —con su habitual tono medido— afirmó que su ciclo “está cumplido” y respaldó la decisión del gobernador de avanzar hacia una renovación profunda del gabinete. No es solo un gesto personal: es el reflejo de un proceso más amplio de reorganización interna que Sáenz decidió poner en marcha para encarar los próximos cuatro años.
Fin de ciclo
La trayectoria de Villada dentro del saencismo explica la relevancia política de este anuncio. Tras concluir su mandato como concejal capitalino, se incorporó al Ejecutivo de la mano de Gustavo Sáenz en la intendencia. Desde allí se convirtió en uno de los articuladores más fuertes del espacio, escalando al gabinete provincial cuando Sáenz llegó a la gobernación. Fue vocero, negociador político, ministro de gobierno y, sobre todo, un puente operativo entre el Ejecutivo y el resto del sistema político. En ese rol, Villada no solo ejecutó decisiones, sino que ayudó a moldear el diseño institucional del saencismo. Por eso su salida tiene peso simbólico, aún cuando él mismo se encargó de dejar en claro que continuará acompañando al proyecto oficialista. “Es necesario dar recambio. He tenido una trayectoria larga e importante; es hora de que otras personas asuman responsabilidades”, explicó, subrayando que la renovación no debe interpretarse como una ruptura sino como una transición natural dentro de un proceso político que busca “oxigenar” la gestión.
Un gabinete en revisión: renuncias, rediseño y la nueva Ley de Ministerios
El anuncio ocurre en medio de un reordenamiento mayor del gabinete. Sáenz confirmó que todos los ministros presentaron su renuncia, un procedimiento habitual de fin de período, pero que esta vez se enmarca en una reconfiguración más profunda. La Legislatura ya recibió una propuesta de reforma de la Ley de Ministerios que reducirá y reordenará el esquema estatal. Uno de los cambios más significativos afectará justamente al área que deja Villada: el Ministerio de Gobierno incorporará Justicia, que hasta ahora funcionaba bajo la órbita de Seguridad. También habrá modificaciones en varias secretarías, en una búsqueda explícita de “mayor agilidad” y eficiencia administrativa. “El cambio es saludable”, insistió Villada
Aunque formalmente fuera del gabinete, Villada seguirá integrado al espacio oficialista a través de Primero Salta, partido que compone la coalición que llevó a Sáenz a la gobernación en dos oportunidades. Su salida del Ministerio de Gobierno marca el fin de un ciclo personal, pero no implica su alejamiento político. El desafío ahora pasa por cómo impactará este recambio en la estructura del poder saencista: si habilitará nuevas figuras dentro del oficialismo, si abrirá espacios a aliados territoriales o si consolidará aún más el control del Gobernador sobre una administración que iniciará un nuevo período con mayoría legislativa propia.
Sáenz busca fortalecer el rumbo político en un nuevo ciclo
El gobernador, por su parte, destacó el trabajo de sus funcionarios durante los últimos seis años y señaló que está evaluando las continuidades en función de las necesidades de la próxima etapa. Villada es, hasta ahora, la primera salida confirmada, pero no será la única: la reconfiguración apunta a depurar responsabilidades, reducir el aparato estatal y ajustar la estructura política de cara a un escenario económico complejo y de creciente tensión institucional. En paralelo, Sáenz debió referirse también al conflicto entre el Instituto Provincial de la Salud (IPS) y los círculos médicos, otro frente que tensiona la agenda provincial. Aseguró que el Ejecutivo intervendrá para garantizar la atención a los afiliados, buscando evitar que la disputa afecte servicios esenciales.