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Orán se quedó sin colectivos por “insostenibilidad desde lo económico”

La ciudad de Orán amaneció este lunes sin dos de sus servicios de transporte urbano más utilizados. Las empresas Gauchito Gil y San José confirmaron la suspensión total de sus recorridos, luego de semanas de advertencias y ante un escenario que, según sus directivos, se volvió “insostenible desde lo económico”.

El impacto es inmediato: miles de estudiantes, trabajadores y vecinos quedaron sin movilidad, mientras crece la tensión entre las empresas, el municipio y la Provincia.

Un sistema que colapsó: sin subsidios y sin capacidad de sostener la operación

El empresario Enrique Tárraga, referente de una de las prestatarias, explicó que la decisión de paralizar el servicio responde directamente a la eliminación de los subsidios provinciales y nacionales, un recorte que dejó a las firmas sin margen para cubrir combustible, mantenimiento, sueldos y otros costos operativos. Tárraga detalló que Gauchito Gil emplea a 35 trabajadores, hoy sin certezas sobre su futuro. Las empresas habían elevado notas formales al Municipio y a legisladores provinciales, advirtiendo la situación y solicitando respuestas. Sin embargo, la falta de definiciones aceleró el desenlace. “La Provincia no nos dio ninguna respuesta concreta”, remarcó Tárraga, quien también apuntó a una desigualdad histórica en el reparto de fondos: “SAETA funciona bien en Capital, pero al interior no llega nada. El presupuesto de transporte es millonario, incluso en el proyecto 2026, y Orán no ve esos recursos”. La postal del día: colectivos parados y trabajadores movilizados frente a la Municipalidad.

El intendente Lara Gros: “No podemos subsidiar empresas privadas”

En declaraciones radiales, el intendente Baltasar Lara Gros tomó distancia del reclamo empresarial y dejó en claro que el Municipio no aumentará los aportes locales. “Están pidiendo mayor subsidio. Nosotros en la Municipalidad no tenemos recursos, no se les dará”, afirmó sin rodeos. Y fue aún más categórico: “Los recursos municipales son para servicios y sus mejoras, no para destinarlos al subsidio del transporte urbano”. La postura del jefe comunal marca un límite financiero, pero también político. Lara Gros sostuvo que la salida deberá llegar desde otro nivel del Estado: “Habrá que gestionar entre Provincia o ver alguna alternativa para el transporte urbano”, señaló. Pese a la tensión y el clima de incertidumbre, aseguró que buscarán una salida: “Vamos a trabajar por una solución para que esto siga”.

La suspensión de ambos servicios golpea de lleno a sectores que dependen del transporte urbano para sus actividades cotidianas: estudiantes que deben llegar a escuelas y facultades; trabajadores del comercio, salud y administración; vecinos de barrios periféricos sin alternativas de movilidad. Pero también afecta al interior del sistema: más de 30 empleados quedan sin ingresos en plena crisis, sin subsidios que amortigüen la caída y sin certezas sobre eventuales asistencias.

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