Salta marchó, por el 25N, contra la violencia, la impunidad y el retroceso en derechos
En un contexto nacional de desmantelamiento de políticas de género, mujeres y diversidades, colmaron este martes por la tarde las calles de Salta por el 25N.
Activistas advirtieron sobre el aumento de las violencias, la falta de recursos, la legitimación del odio y la gravedad de las incoherencias institucionales. Durante la mañana, frente a Ciudad Judicial, Madres Protectoras denunciaron la violencia institucional del Poder Judicial.
Las calles de Salta volvieron a convertirse este martes en escenario de una movilización masiva por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La jornada estuvo atravesada por un clima de preocupación profunda: un país que registra 228 femicidios y transfemicidios en lo que va de 2025 —una muerte cada 35 horas—, y una provincia donde crecen las denuncias y se investigan 19 muertes violentas o dudosas en el año.
La marcha se desarrolló con un eje común: denunciar el retroceso en materia de derechos, la ausencia de presupuesto para políticas de género, el avance de discursos de odio contra el colectivo LGBTTIQNB+ y la falta de respuestas del Estado.
Pía Ceballos: “Cuando el odio se legitima desde el poder, se convierte en violencia real”
La activista y referente de las diversidades, Pía Ceballos, sintetizó el estado de situación con crudeza: “Salimos con las mismas convicciones de siempre: que nuestras vidas importan, que nos dejen de matar”. Subrayó que, mientras los femicidios y transfemicidios aumentan, el Gobierno nacional profundiza un escenario de desmantelamiento institucional, recorte presupuestario y discursos que habilitan la violencia. “Hay un contexto desfavorable de retroceso de derechos. Falta articulación entre los tres poderes del Estado. Necesitamos resoluciones integrales, acompañamiento real, recursos suficientes, y un sistema que no revictimice. ¡Basta de discursos vacíos! La deuda es con nuestras vidas”, afirmó Ceballos, que también pidió justicia por Rosario Sansone, travesticidio que expone la precariedad estructural en la protección de las identidades trans y travestis: “No puede haber más impunidad”.
Teresita Frías: “Un 25N sin justicia ni coherencia institucional es solo un slogan vacío”
La periodista feminista y activista de la Asamblea Lesbotransfeminista, Teresita Frías, señaló que este año la fecha interpela con mayor fuerza debido al clima político nacional: “En un contexto de derecha que desmantela políticas esenciales, nuestras voces son más necesarias que nunca”.
Frías insistió en que la lucha contra la violencia requiere coherencia política y ética: “La erradicación de la violencia no se sostiene con actos simbólicos. Se sostiene con políticas reales, con perspectiva de género y con instituciones a la altura” También alertó sobre la no designación de autoridades de la Secretaría de Mujer, Género y Diversidades de la provincia
Madres Protectoras: “El Poder Judicial es el organismo que más nos violenta”
Durante la mañana, otro punto de tensión se vivió en Ciudad Judicial, donde Madres Protectoras de Salta realizaron una acción para denunciar la violencia institucional que atraviesan quienes buscan protección en el sistema judicial. Yanela Barrios, una de sus referentas, leyó un comunicado contundente: “El Poder Judicial sostiene la impunidad con su mirada patriarcal. ¿Cuántas llegamos buscando protección y recibimos más violencia? ¿Cuántas denunciamos abuso sexual contra nuestros hijos y fuimos perseguidas mientras los agresores siguen libres?”. El reclamo apuntó directamente a la falta de respuestas, la criminalización de las madres protectoras, la inexistencia de acompañamiento real y la persistencia del inexistente y desacreditado SAP, usado para desacreditar denuncias de abuso infantil. “El 25N nos sabe a impunidad —expresaron—. Exigimos condenas efectivas, justicia real, protección para las infancias y la implementación plena de la ESI. Proteger no es un delito. No nos van a callar”.
El 25N en Salta dejó claro que la violencia no se reduce solo a los agresores individuales: tiene una dimensión estatal y estructural. El desmantelamiento de políticas de género, la falta de articulación interinstitucional, la baja inversión, los discursos de odio y la persistente violencia institucional del Poder Judicial conforman un escenario que potencia los riesgos para mujeres y diversidades. La movilización de este martes volvió a ponerlo en evidencia: sin políticas integrales, sin coherencia institucional y sin justicia efectiva, el “Nunca Más” a la violencia de género sigue siendo una deuda abierta.
Un diagnóstico que agrava el cuadro: el retroceso estructural según Amnistía Internacional
Un reciente informe de Amnistía Internacional advierte sobre un retroceso sin precedentes en las políticas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género y a garantizar derechos de mujeres y diversidades. A dos años del actual gobierno, el organismo internacional identifica un desmantelamiento acelerado de programas, instituciones y marcos normativos, junto con un clima de hostilidad pública que impacta directamente en la vida de quienes hoy están más expuestas a las violencias. El informe recuerda que Argentina registra un femicidio cada 35 horas, cifras que coinciden con el incremento local relevado en Salta, donde las denuncias por violencia y las muertes dudosas siguen en ascenso. Pese a esa urgencia, Amnistía advierte que el presupuesto destinado a las políticas de género cayó un 89% desde 2023, y que fueron eliminados 13 programas clave, entre ellos el Programa Acercar Derechos (PAD), que asistió a más de 59 mil mujeres y diversidades en menos de un año.
La organización señala que, por primera vez en casi cuatro décadas, el Estado argentino carece de un organismo específico para la atención y prevención de la violencia de género, un hecho que deja a miles de personas sin herramientas institucionales básicas de acompañamiento, contención y denuncia. Todo esto ocurre en un contexto donde las máximas autoridades del gobierno niegan públicamente la existencia estructural de la violencia de género, un gesto político que, según Amnistía, opera como una señal de habilitación para la discriminación y el odio.
La Línea 144, históricamente un espacio especializado, fue transformada en un servicio genérico que diluye su función original. Con un recorte del 90% de su presupuesto y la reducción del 45% de su planta laboral, su capacidad de respuesta quedó drásticamente limitada. La caída del 32% en las comunicaciones recibidas no responde a menos violencia: responde al debilitamiento del dispositivo. El Programa Acompañar, que en sus primeros años fue crucial para permitir salidas reales de situaciones de riesgo, también se vio recortado de manera severa. Con una reducción del 90% en su presupuesto y restricciones de acceso desde 2024, miles de mujeres quedaron sin ese puente económico que, para muchas, significaba protección frente al agresor y autonomía básica. A ello se suma el deterioro del acceso a derechos sexuales y reproductivos: la distribución de anticonceptivos cayó un 81%, no se adquirieron insumos para garantizar IVE/ILE durante 2024 y 2025, y el reconocido Plan ENIA —que redujo a la mitad los embarazos adolescentes— quedó sin financiamiento hacia 2026. Este retroceso reproduce desigualdades territoriales y recae de manera desproporcionada sobre niñas, adolescentes y mujeres empobrecidas. En paralelo, Amnistía advierte sobre el aumento acelerado de la violencia digital, especialmente dirigida contra periodistas y comunicadoras feministas —tal como se observa en los ataques reseñados en el informe contra figuras visibles del movimiento, donde la violencia adopta formas misóginas, sexualizadas y disciplinadoras—, lo que produce autocensura y erosiona el debate democrático.
El documento remarca que este deterioro no es un fenómeno aislado, sino parte de una ofensiva global contra los derechos de las mujeres y las personas LGBTI+, que promueve la demonización, el pánico moral y el desmantelamiento de políticas de igualdad. Como advierte la directora ejecutiva de Amnistía Argentina, Mariela Belski, este retroceso “no es accidental: responde a una agenda internacional que quiere borrar conquistas que costaron décadas”.