Impuestazo y polémica en Tartagal por el Presupuesto 2026
El final del período de sesiones ordinarias en Tartagal dejó, además de una sesión maratónica, un orden político en tensión, acuerdos inesperados, subas tributarias que profundizan el desgaste social y un reclamo histórico de las comunidades indígenas que vuelve a interpelar al municipio de cara para la gestión del 2026.
Un cierre de sesiones marcado por la urgencia y el costo político
A altas horas de la madrugada, el Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2026 y la ordenanza tarifaria, en lo que significó el último acto legislativo antes del receso y de la renovación parcial del cuerpo. La sesión estuvo lejos de ser meramente administrativa: terminó consolidando la imagen de un Ejecutivo que gobierna con aumentos de tasas por encima de la inflación y de un Concejo atravesado por realineamientos políticos. Franco Hernández, según un análisis local ya extendido, se convirtió en el intendente que más aumentó las tasas municipales en los últimos años. Esta nueva suba —un 30% en la unidad tributaria— volvió a ubicarlo en el centro de la escena, en un momento en el que los vecinos ya sienten un fuerte impacto económico sin correlato en obras y servicios públicos.
Giros inesperados
La sorpresa fue el cambio de postura de los concejales Luis Rivero y Sergio González. Ambos, que venían sosteniendo reclamos por falta de transparencia, terminaron acompañando el presupuesto tras negociaciones de último momento y la incorporación de algunas modificaciones menores. El giro dejó preguntas abiertas hacia adentro del oficialismo y también hacia la oposición, que vio cómo dos de sus voces críticas se alinearon con el Ejecutivo en una de las votaciones más sensibles del año. En contraste, solo tres ediles —Margarita Rauch, Sergio Jure y Manuel Moreno— intentaron frenar el tratamiento pidiendo pase a comisión para un análisis más profundo.
Un presupuesto con tensiones
El secretario de Gobierno, Ernesto Restom, defendió el presupuesto afirmando que los ejes serán educación, producción y, especialmente, desarrollo urbanístico. Enumeró pavimento, cañerías de agua y cloacas, luminarias y recuperación de espacios públicos en barrios históricos y populosos de Tartagal. Aseguró que se trata de obras proyectadas con recursos propios, en un contexto donde la política nacional desfinancia infraestructura en el interior del país. Pero mientras el Ejecutivo muestra ambición, emerge una contradicción profunda: la asignación de 215 millones de pesos para publicidad y propaganda, frente a solo 3 millones destinados a ayuda social para comunidades indígenas. Esa diferencia abrió un debate político de fondo, especialmente porque las comunidades venían reclamando participación y partidas específicas, amparándose en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional.
El reclamo indígena
Representantes de pueblos Qom, Wichí, Guaraní, Chorote, Chulupí, Tapiete, Chané, Qollas y otras comunidades se presentaron formalmente ante el Concejo para exigir inclusión presupuestaria real. Argumentaron que desde hace más de 40 años arrastran demandas estructurales sin resolución y que su participación en la elaboración del presupuesto es un derecho constitucional. La respuesta del Ejecutivo —asignar apenas un 1,4% de lo que destina a propaganda— evidencia una deuda histórica que vuelve a tensar el vínculo entre el municipio y los pueblos originarios.
El Ejecutivo logró aprobar su hoja de ruta económica, pero al costo de un impuestazo, cuestionamientos por prioridades presupuestarias y un Concejo que mostró fisuras en plena crisis socioeconómica.