La Unidad Fiscal de Jujuy amplió la imputación contra dos empleados y la empresa Dosan Inversiones SRL por un caso de contrabando agravado de carne hacia Bolivia.
Según la investigación, en marzo de 2024 se habrían trasladado 15 medias reses por un paso fronterizo no habilitado, operación por la cual posteriormente se recibieron más de 22 millones de pesos.
La audiencia, realizada el viernes pasado ante el juez federal de Garantías N.º 1, Eduardo Hansen (interinamente a cargo del Juzgado Federal 2), estuvo encabezada por la fiscal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Sofía Escudero, ambas del Área de Flagrancia.
El proceso se retomó luego de una primera formalización realizada el 13 de junio.
En esta nueva instancia, la fiscalía sumó a César Daniel Fatti la imputación por contrabando de exportación e importación como partícipe necesario, y a Marcos Ariel Saavedra por contrabando de importación. Además, incorporó el agravante del artículo 865 inciso “i” del Código Aduanero, que se aplica cuando el valor de la mercadería supera los tres millones de pesos. La empresa también fue alcanzada por la acusación, en virtud del artículo 887, que establece su responsabilidad solidaria por los hechos cometidos por sus empleados.
La maniobra investigada
De acuerdo con la acusación, el 11 de marzo de 2024 una patrulla del Escuadrón 21 de Gendarmería detectó a Fatti y Saavedra regresando desde Bolivia. En el procedimiento se secuestraron 22.638.550 pesos que Fatti llevaba consigo, además de su teléfono celular, sin que pudieran justificar el origen del dinero.
La pesquisa reconstruyó que días antes, el 7 de marzo, ambos habrían intervenido en el traslado ilícito hacia Bolivia de 15 medias reses utilizando un camión Iveco de la firma.
La operación, realizada en dos viajes durante la mañana y la tarde, terminó con el vehículo estacionado a pocos metros de la frontera, desde donde la carne habría sido pasada al país vecino.
Según la hipótesis fiscal, el pago se concretó en un viaje posterior.
Entre las pruebas mencionadas se cuentan los registros de geoposicionamiento del camión, el análisis de antenas telefónicas y mensajes en el celular del imputado que detallan movimientos de carga y descarga de la mercancía, además de advertencias sobre la presencia de gendarmes.
La vinculación empresarial
La fiscalía sostuvo que Dosan Inversiones SRL tuvo participación directa. La empresa reclamó la devolución del dinero secuestrado, alegando que correspondía a una venta y acompañando documentación respaldatoria.
También presentó papeles laborales: Saavedra figura como empleado desde 2021, pero Fatti recién fue registrado el 13 de marzo de 2024, dos días después del operativo.
Además, otros empleados mostraban frecuentes cruces a Villazón, Bolivia, con breves estadías que llamaron la atención de los investigadores.
Fundada en Salta en 2009, Dosan Inversiones cuenta con más de diez locales, incluido el de La Quiaca, y posee registro de Agente Aduanero, aunque está suspendida para operar en comercio exterior desde agosto de 2022 por falta de pago de servicios.
Con las pruebas reunidas, la fiscalía entendió configurados los delitos previstos en los artículos 864 inciso “a” y 865 inciso “i” del Código Aduanero, que contemplan penas de dos a ocho años de prisión cuando se importan o exportan bienes por pasos no habilitados y cuando el valor supera los tres millones de pesos.
Sin objeciones de la defensa, el juez validó la ampliación de la acusación y prorrogó las medidas de coerción sobre los dos trabajadores: prohibición de salida del país, presentación periódica y la obligación de no interferir en la investigación.