Alertan que la reforma para “trapitos” habilita detenciones arbitrarias y profundiza desigualdad
La discusión en torno al proyecto de reforma del Código Contravencional volvió a poner en el centro del debate el modo en que el Estado regula el espacio público y a qué sectores alcanza con mayor fuerza ese control.
Para el Centro Comunitario para el Acceso a la Justicia ALFA, la iniciativa impulsada por el senador Gustavo Carrizo con el acompañamiento del intendente Emiliano Durand reproduce un modelo histórico de ordenamiento social que ha servido para justificar prácticas policiales selectivas y represivas sobre los grupos más vulnerables.
La organización sostiene que los códigos contravencionales en Argentina fueron concebidos sobre parámetros de orden y convivencia que respondieron, en gran medida, a intereses propios de sectores sociales más acomodados.
Esa lógica, señalan, dejó como saldo décadas de intervenciones policiales dirigidas hacia quienes no encajan en ese ideal de normalidad: personas en situación de calle, trabajadores informales y jóvenes de barrios populares.
En esta línea interpretan el nuevo proyecto de reforma, que refuerza sanciones contra los cuidacoches informales —conocidos como trapitos— y permite el arresto efectivo en zonas determinadas y bajo ciertos agravantes.
Los cambios que plantea la reforma
El texto propone modificar los artículos 77, 17, 24 y 156 del Código Contravencional y establece que quienes exijan dinero por estacionamiento, limpieza o cuidado de vehículos sin autorización podrán ser privados de la libertad sin posibilidad de acceder a penas alternativas cuando se encuentren en áreas próximas a parques, paseos o eventos masivos.
También duplica el máximo de arresto previsto, que pasaría de veinte a cuarenta días.
Para ALFA, se trata de medidas que no apuntan a resolver un conflicto social sino a endurecer el castigo sobre quienes viven en condiciones de extrema precariedad.
Un contexto marcado por denuncias de violencia institucional
El organismo advierte que la propuesta se presenta en un contexto especialmente delicado. En la Corte de Justicia tramita un habeas corpus colectivo impulsado por ALFA y la Gremial de Abogados, donde se documentan detenciones ilegales, procedimientos irregulares, falta de garantías y condiciones inhumanas de alojamiento.
Desde la organización insisten en que la práctica policial ya evidencia un sesgo de selectividad hacia los sectores pobres, lo que hace aún más riesgoso habilitar herramientas que amplíen el margen de discrecionalidad.
Álvaro Arias, coordinador del Centro Comunitario ALFA, alertó que la reforma podría derivar en la detención de personas “por apariencia” o por circular en espacios donde la ley prevé los agravantes.
“No estamos defendiendo la impunidad. Lo que cuestionamos es la injusticia de imponer privación efectiva de la libertad en un contexto donde la Policía no está formada en derechos humanos y donde ya existen numerosas denuncias de violencia policial”, señaló.
Arias precisó que, aunque cobrar por cuidar un vehículo sin autorización es una contravención, el arresto siempre fue la última opción, justamente para evitar arbitrariedades y excesos.
Hacinamiento y condiciones de detención, problema ignorado en la reforma
La organización también remarcó la ausencia de cualquier consideración sobre las condiciones actuales del Centro de Contraventores, que presenta problemas de hacinamiento y deficiencias estructurales ampliamente documentadas.
La reciente tragedia en la Alcaidía, agravada por la superpoblación, convierte en inadmisible —según sostienen— que se plantee una reforma que podría incrementar aún más el número de personas detenidas sin contar con condiciones mínimas de alojamiento.
“No puede considerarse seria, una propuesta que agrave problemas ya señalados por el Comité para la Prevención de la Tortura”, apuntó Arias. “No es seguridad ciudadana, es incomodidad social”.
Para ALFA, el proyecto refuerza una mirada que vincula pobreza con peligrosidad y que busca desplazar del espacio público a quienes resultan incómodos para ciertos sectores sociales.
La organización subraya que promover el arresto como primera opción en una contravención asociada casi exclusivamente a la subsistencia de personas pobres constituye una discriminación abierta y contraria a los estándares constitucionales y de derechos humanos.
“La seguridad ciudadana no puede construirse a partir del encierro de quienes menos tienen, mientras otros sectores que también cometen contravenciones jamás enfrentan el mismo tratamiento”, afirmaron.
La entidad adelantó que insistirá en alertar sobre los riesgos del proyecto y en fortalecer el acompañamiento a personas en situación de calle y cuidacoches informales.
“La violencia institucional es más fácil de tolerar cuando recae sobre los vulnerables —expresó Arias—, pero justamente por eso es imprescindible denunciarla”.