Demandan y piden que funcionarios argentinos entreguen sus celulares en el juicio por YPF
En el marco del prolongado litigio en Estados Unidos por la expropiación de YPF, los demandantes intensificaron un pedido para acceder a comunicaciones privadas de altos funcionarios.
En el juicio que enfrenta la Argentina y la petrolera YPF ante la Justicia del Distrito Sur de Nueva York, los fondos que impulsan la demanda, Burford Capital y Eton Park insistieron en que el tribunal ordene a varios funcionarios y exfuncionarios nacionales la entrega de los celulares personales para examinar chats y correos electrónicos que, según sostienen, podrían contener información relevante para la causa. Esta solicitud forma parte de la fase de “discovery”, un procedimiento habitual en el derecho estadounidense para obtener pruebas antes de un juicio o una apelación.
Los demandantes argumentan que determinados miembros del Gobierno argentino utilizaron comunicaciones “off-channel”, es decir, fuera de los canales oficiales de correspondencia, para tratar asuntos relacionados con YPF y la empresa estatal Enarsa, vinculada a la compra de gas natural licuado. De acuerdo con esa postura, esos intercambios incluirían decisiones y coordinaciones que podrían respaldar la teoría de que la petrolera y el Estado actuaron de manera conjunta en su gestión, lo que en el juicio se define como una posible relación de “alter ego”.
Entre los funcionarios señalados figuran el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, aunque los demandantes mencionan también una lista más amplia de custodios de datos de interés. Hasta el momento, según los abogados de Burford y Eton Park, la documentación entregada por el Estado argentino suma apenas unas pocas páginas de comunicaciones, lo que consideran insuficiente para cumplir con la orden judicial.
La defensa estatal, por su parte, afirma que ha actuado dentro de los límites de la ley y que ha buscado cooperar con el requerimiento, aunque enfrenta obstáculos prácticos porque los dispositivos y cuentas personales no están bajo control directo del Estado. Además, sostiene que cualquier producción de información debe respetar las normativas nacionales sobre privacidad y protección de datos.
Fuente: Ámbito Financiero