Salta

Estafas en la ADP: Argañaraz y Cerezo recibieron una reducción en su condena

La Sala IV del Tribunal de Impugnación resolvió reducir las penas impuestas en la causa por administración fraudulenta y estafas vinculadas al Fideicomiso Virgen de Urkupiña.

Las principales acusadas, Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general, y Ana María Cerezo, extesorera, recibieron una reducción de pena.

En su fallo, los jueces Guillermo Gustavo Akemeier y Federico Javier Armiñana Dohorman fijaron una condena de tres años y seis meses de prisión efectiva para a exdirigentes de la ADP.

Asimismo, el tribunal redujo a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional las penas de Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, considerados partícipes necesarios del delito.

La sentencia original

En la sentencia original, se tomó por acreditada la comisión de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas, cometidos en perjuicio de afiliados de la ADP a través del mencionado fideicomiso.

Durante el juicio, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorissio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), había solicitado penas de siete años de prisión para Argañaraz y Cerezo.

La acusación sostuvo que los imputados utilizaron facturas y documentación falsificada para justificar gastos inexistentes, desviando fondos del gremio para fines personales.

Además, promovieron contratos fraudulentos ofreciendo viviendas que nunca fueron entregadas a los asociados.

Finalmente, se otorgó seis años de prisión para Cerezo y Argañaraz; y tres años para Zissi y Raúl Argañaraz.

Tras la condena de primera instancia, las defensas interpusieron recursos de casación. La Sala IV del Tribunal de Impugnación resolvió casar parcialmente la sentencia al considerar que los 26 hechos de estafa configuraron un único delito de estafa continuada. Sobre esa base, se redujeron las penas.

Para Raúl Argañaraz y Zissi, el tribunal mantuvo las reglas de conducta impuestas en primera instancia, entre ellas la obligación de presentarse cada seis meses ante la Dirección de Inserción Social y Supervisión de Liberados, abstenerse del consumo de estupefacientes o abuso de alcohol y no cometer nuevos delitos.

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