La asistencia alimentaria, desmantelada por el Gobierno Nacional
Un informe elaborado por Ciudadana Comunicación, a partir de datos oficiales de la Jefatura de Gabinete, advirtió sobre un cambio profundo en la política de asistencia alimentaria nacional.
La investigación revela una fuerte subejecución presupuestaria en programas clave y un redireccionamiento mayoritario de los recursos hacia organizaciones religiosas, en detrimento de las redes comunitarias laicas que históricamente sostuvieron comedores y merenderos en todo el país.
Según la información oficial relevada hasta agosto de 2025, ninguno de los principales programas alimentarios —excluyendo la Asignación Universal por Hijo y los comedores escolares— había ejecutado siquiera la mitad de su presupuesto anual. Esta subejecución implica que una parte sustancial de los fondos destinados a garantizar el acceso a la comida para los sectores más vulnerables no llegó a destino.
Uno de los casos más significativos es el del Programa Nacional de Abordaje Comunitario, ejecutado a través del PNUD y fiscalizado por Naciones Unidas. Este programa, que financia a organizaciones de la sociedad civil mediante subsidios monetarios para comedores y la entrega de módulos secos, contaba con un presupuesto de 69.500 millones de pesos. Sin embargo, a agosto solo se había ejecutado el 42,2%, es decir, poco más de 29.300 millones.
La situación es aún más crítica en el programa Alimentar Comunidad, que funciona mediante la Tarjeta Alimentar Comunidad para comedores y merenderos. De un crédito de casi 11.828 millones de pesos, apenas se utilizó el 24,1% durante los primeros ocho meses del año, lo que equivale a menos de 2.900 millones.
Quienes recibieron los recursos
Más allá de los fondos que quedaron sin ejecutarse, el informe pone el foco en quiénes recibieron los recursos efectivamente distribuidos. Allí se evidencia un giro marcado en los destinatarios de la ayuda estatal. En el programa Alimentar Comunidad, de 188 asignaciones registradas, el 45% correspondió a organizaciones religiosas —75 católicas y 10 evangelistas—, mientras que solo el 46% fue destinado a organizaciones laicas, concentradas mayormente en Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el interior del país, apenas se registraron seis asignaciones.
El patrón se profundiza en el programa de Abordaje Comunitario en su modalidad de módulos secos. De 1.464 asignaciones, el 91% benefició a organizaciones religiosas o con vinculación confesional. Cáritas concentró la mayor parte, con 1.138 asignaciones, seguida por CONIN y otras fundaciones de origen católico y evangelista.
Este redireccionamiento de fondos coincide con denuncias de organizaciones sociales que alertan sobre el cierre masivo de comedores comunitarios laicos. En Salta, aseguran que desde diciembre de 2023 cerraron más de 300 comedores y merenderos que dependían de la ayuda nacional. El Movimiento Evita informó el cierre de 150 espacios, Barrios de Pie denunció 135 y el Partido Obrero reportó 45 cierres entre la capital y el interior.
Desde el Gobierno nacional se sostiene que la política apunta a “transferencias directas para evitar intermediarios”. Sin embargo, los datos oficiales muestran que esos nuevos canales directos están siendo ocupados mayoritariamente por instituciones confesionales, dejando fuera del esquema a numerosas organizaciones comunitarias que sostuvieron la asistencia alimentaria durante décadas.
Auditorías y Control
El informe también señala inconsistencias en materia de control. En agosto, la Jefatura de Gabinete informó que el programa de Políticas Alimentarias se encontraba bajo auditoría de la Auditoría General de la Nación, la SIGEN y la Auditoría Sectorial de Niñez. No obstante, a través de un pedido de Acceso a la Información Pública impulsado por la diputada Saracho, se confirmó que dichas auditorías no existían al momento del informe.
La situación en Salta
En el caso de Salta, la situación presenta claros contrastes. Durante 2024, la provincia fue la segunda que más alimentos recibió del Estado nacional, con 1.106.590 kilos, el 9% del total distribuido en el país. No obstante, se trató mayoritariamente de remanentes adquiridos por la gestión anterior y almacenados en centros logísticos de Tucumán y Buenos Aires, no de compras nuevas.
En 2025, la asistencia se reactivó mediante transferencias monetarias, pero con recortes significativos. El programa Focalizado, que antes incluía a criollos y comunidades originarias, quedó restringido únicamente a pueblos originarios. Además, el plan de asistencia para personas con celiaquía redujo sus beneficiarios de 600 a 200 en la provincia.
El informe concluye que la combinación de subejecución presupuestaria, redireccionamiento de fondos y recortes en programas específicos configura un escenario de desmantelamiento de la asistencia alimentaria estatal tal como se conocía hasta ahora.