La Justicia Federal anuló el DNU que transfería el control de bienes secuestrados
La Cámara Federal en lo Penal Económico declaró la nulidad absoluta del decreto presidencial. La medida buscaba que el Poder Ejecutivo administrara los activos decomisados en causas penales.
La Cámara Federal en lo Penal Económico anuló el Decreto de Necesidad y Urgencia 575/2025, impulsada por el presidente Javier Milei. El decreto otorgaba al Ministerio de Justicia el control de los bienes secuestrados y activos vinculados a causas de corrupción y otros delitos complejos. La resolución judicial calificó la medida como un acto de nulidad absoluta e insanable.
El tribunal basó su decisión en la falta de condiciones excepcionales. Los magistrados citaron el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Argumentaron que no existía una situación de “necesidad y urgencia” real. El Congreso nacional se encontraba en período de sesiones ordinarias. Además, según el fallo, el Poder Legislativo no estaba impedido de sesionar. El Gobierno podía haber enviado un proyecto de ley tradicional.
Asimismo, el DNU anulado creaba el Consejo de Bienes Recuperados con el objetivo de funcionar bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Su función era supervisar y decidir sobre el destino de los bienes. Hasta ahora, la administración de estos activos correspondía a la Corte Suprema y el fallo ratifica que los activos deben permanecer bajo control judicial. Esto busca garantizar la independencia de poderes en el manejo de fondos sensibles.
La resolución surgió a partir de un recurso presentado por una defensa técnica. El juez de primera instancia ya había declarado la inconstitucionalidad. El Estado Nacional y la Fiscalía apelaron esa decisión inicial y la Cámara ratificó la sentencia previa con dureza. Los jueces señalaron que el uso de DNUs no debe ser una herramienta ordinaria. La administración de bienes provenientes del delito requiere un debate profundo. Este debate debe darse necesariamente en el marco del Congreso de la Nación.
Además el Gobierno sostiene que el sistema anterior era ineficiente y lento. Afirmaban que el Estado perdía dinero por la falta de uso de los bienes. Buscaban dotar de mayor agilidad a la gestión de vehículos e inmuebles incautados.
La anulación del decreto deja sin efecto el nuevo esquema de administración. El Ministerio de Justicia deberá devolver las facultades que había empezado a ejercer. El Consejo de Bienes Recuperados perderá su sustento legal inmediato. Las causas que ya estaban bajo el nuevo régimen deberán ser revisadas. También el fallo asegura que los activos no pueden ser manejados discrecionalmente por el poder político. Esto protege los bienes ante posibles cambios de gestión o presiones externas.
Fuente: Ámbito Financiero