El vertedero del Valle Calchaquí cambió la presidencia, pero persisten los problemas

Este viernes finalmente asumió la intendenta cafayateña Rita Guevara como presidenta del Consorcio de Residuos Urbanos del Valle Calchaquí.

Lejos de ser un hecho meramente administrativo o un simple recambio de autoridades, se trata de un movimiento político e institucional para abordar una problemática estructural que la región arrastra desde hace años: la gestión del vertedero común, sus pasivos ambientales, la precarización laboral y además del manejo de fondos públicos para su saneamiento, que hasta el momento no se encuentra clarificado.

La designación se formalizó este viernes, durante una reunión del organismo integrada por los municipios de Cafayate, San Carlos y Animaná. Del encuentro participaron la intendenta de San Carlos, María del Carmen Vargas; la flamante jefa comunal de Animaná, María Rodríguez; asesores técnicos y el ahora ex presidente del Consorcio, Rolando Guaymás.

La firma del acta dejó constancia del estado actual del Consorcio y delineó los lineamientos de una nueva etapa de trabajo, que en el discurso oficial apunta a “fortalecer una gestión responsable y sostenible”. Sin embargo, puertas adentro, las cuentas podrían no estar muy afinadas, motivo por el cual, la propia Guevara habló de un pedido de auditoría para acceder a los números con claridad: resta saber si seguirá adelante con sus intenciones.

Un recambio anunciado y una auditoría que asoma

Tal como lo había anticipado Nuevo Diario la semana pasada, la salida de Guaymás de la presidencia del Consorcio —tras asumir como senador por el departamento San Carlos— abría un escenario de incertidumbre. En aquel momento reinaba el silencio sobre quién tomaría las riendas del organismo y si se optaría por una continuidad administrativa (a cargo de María Rodríguez de Animaná) o por un llamado a nuevas autoridades.

Finalmente, fue Rita Guevara quien asumió la conducción. Pero su llegada no estuvo acompañada de gestos de normalidad, sino de una advertencia política fuerte: la intendenta de Cafayate ya anticipó que solicitará una auditoría sobre los fondos provinciales enviados para la normalización del funcionamiento del Consorcio durante la gestión de Guaymás. O al menos eso había expresado con anterioridad y en declaraciones públicas.

La decisión no es menor. El pedido de auditoría expone, una vez más, la opacidad que rodea al manejo del vertedero regional y reaviva un conflicto que combina ambiente, dinero público y responsabilidades cruzadas entre municipios para la mitigación parcial de una problemática que, al menos durante la gestión de Guaymás, no se alcanzó.

En ese marco, el ahora senador estuvo presente en el cambio de autoridades y afirmó que hasta el momento el Gobierno de la Provincia pagó dos cuotas (de seis) de 7 millones de pesos cada una como parte del acompañamiento comprometido: “La administración que viene contará con prácticamente 28 millones para seguir con el funcionamiento”, adelantó el ex titular del Consorcio. A esto, Guaymás le sumó los 220 millones de pesos aportados también por la provincia, a través de otro convenio celebrado con San Carlos, para el cercado perimetral del predio.

Los millones

De llevarse adelante la auditoría, el eje estaría planteado en los recursos girados por la Provincia en octubre pasado, cuando la crisis del vertedero había escalado a niveles alarmantes. Incendios recurrentes, residuos desparramados a metros de la ruta, reclamos por condiciones indignas de trabajo y una creciente preocupación sanitaria obligaron al Gobierno provincial a anunciar una partida extraordinaria de $220 millones.

Ese dinero tenía destinos específicos y claramente definidos: cercado perimetral del predio, instalación de casillas, contratación de guardias y cámaras de seguridad, tareas internas de reordenamiento de residuos —especialmente los cercanos a la ruta— y la construcción de una nueva trinchera.

Más allá del detalle que expuso brevemente Guaymás, a preguntas de la prensa y a meses de aquel anuncio, no se hizo pública ninguna documentación que certifique que esos fondos hayan sido ejecutados conforme a lo previsto. Tampoco se socializaron informes detallados sobre avances de obra ni balances claros del uso del dinero. El pedido de auditoría, lejos de ser un gesto técnico, sería entonces la medida más acertada para disipar cualquier tipo de dudas.

Un problema crónico que nadie logra cerrar

El vertedero del Valle Calchaquí se convirtió, con el paso de los años, en una postal incómoda de la descoordinación política regional. Tres municipios, tres intendencias —actuales y anteriores— y una sucesión de promesas incumplidas configuran un derrotero sin solución de fondo.

Los vecinos viven entre la preocupación por los efectos de la contaminación ambiental y el temor a que el costo del desmanejo termine trasladándose a sus bolsillos. No es un temor infundado: en más de una oportunidad se barajó la posibilidad de crear o incrementar tasas municipales para financiar el funcionamiento del vertedero, en un contexto donde el servicio nunca logró estabilizarse.

A esto se suma la situación de los trabajadores del predio, que desde hace años denuncian condiciones laborales precarias, falta de seguridad y una exposición constante a riesgos sanitarios. La basura en el Valle Calchaquí no es solo un problema ambiental: es también una bomba social y laboral.

Guevara, entre el control y la responsabilidad compartida

Con su asunción al frente del Consorcio, Rita Guevara toma la posta en un escenario complejo. Por un lado, asume la conducción de un organismo cuya responsabilidad es compartida entre Cafayate, San Carlos y Animaná, y por otro, resta ver si continúa con el pedido de transparencia sobre lo ocurrido hasta ahora en términos de gestión.

De llevarse adelante, la auditoría también funcionaría como termómetro de la voluntad política real para encarar una solución estructural. Porque, más allá de los cambios de nombres, el desafío sigue siendo el mismo: poner fin a un esquema de improvisación que ya demostró ser incapaz de manejar la basura, su impacto ambiental y sus consecuencias sociales.