Allanaron al director del Servicio Penitenciario Federal por irregularidades en la provisión de alimentos
El juez federal Federico Villena ordenó el registro de las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal. Se busca determinar posibles vínculos con empresas acusadas de entregar raciones de comida en mal estado a los detenidos.
La Justicia federal llevó adelante un importante procedimiento en la sede central del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La medida se enmarca en una causa que investiga el suministro de alimentos en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. El operativo fue encabezado por el magistrado de Lomas de Zamora tras recibir reiteradas denuncias sobre la calidad de las viandas.
Los investigadores sospechan de una posible cartelización en las licitaciones públicas destinadas a la alimentación de los internos. Según la hipótesis judicial, existirían vínculos irregulares entre funcionarios del organismo y las empresas proveedoras del servicio. El expediente apunta a maniobras que permitieron la continuidad de firmas previamente sancionadas por incumplimientos graves.
Peritajes oficiales detectaron la presencia de bacterias peligrosas en los alimentos destinados al consumo de la población carcelaria. Los informes técnicos confirmaron que las raciones entregadas no cumplían con los estándares mínimos de salubridad e higiene exigidos. Esta situación motivó la apertura de una investigación penal por el presunto delito de envenenamiento de sustancias alimenticias.
Durante el desarrollo del allanamiento, se vivieron momentos de tensión en las oficinas del director del organismo penitenciario. Fernando Martinez, Director de la carcel de ezeiza está bajo investigación e intentó inicialmente eludir la entrega de su dispositivo de telefonía celular personal. Finalmente, el equipo de investigación procedió al secuestro de documentación contable y dispositivos electrónicos para su análisis posterior.
El magistrado busca determinar si hubo una filtración previa que permitiera ocultar pruebas fundamentales para el avance de la causa. El rastreo de antenas telefónicas reveló movimientos sospechosos poco antes de que comenzara el operativo en el barrio de Barracas. La fiscalía analiza ahora los contratos millonarios adjudicados a las empresas que operan dentro de los penales federales.
Familiares y detenidos habían presentado numerosos recursos de amparo debido a las recurrentes intoxicaciones dentro del penal de Ezeiza. Las denuncias describían situaciones extremas relacionadas con la falta de nutrientes y el mal olor de las raciones diarias. Estas declaraciones testimoniales fueron claves para que la Justicia decidiera intervenir directamente en la cúpula del servicio.
Fuente: Infobae