Mujeres wichís acusan al empresario agrícola Ferrrari de querer apropiarse de sus tierras
La lucha de las mujeres wichi volvió a encender las alarmas en el norte de la provincia de Salta a horas de un nuevo año.
Desde el domingo 28 y durante este lunes, integrantes de las comunidades de Misión Chaqueña y Misión Carboncito sostienen una resistencia activa para impedir el avance del desmonte y el alambrado de una franja de su territorio ancestral, ubicada a unos 48 kilómetros de la ciudad de Embarcación. De concretarse la división del monte, advierten, se perdería la comunicación intercomunitaria y uno de los últimos espacios de monte nativo del que dependen para sobrevivir.
La zona en conflicto es una franja de monte nativo de unas 5.000 hectáreas que le pertenece a la comunidad wichí de las localidades Misión Chaqueña y Carboncito, ubicadas a unos 40km de la ciudad de Embarcación, en el departamento salteño General José de San Martín.
La comunidad habita ese monte desde tiempos ancestrales. El territorio cuenta además con relevamiento georreferenciado y registro en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Sin embargo, esto no ha impedido que personas ligadas al poder e instituciones locales avasallen los derechos constitucionalmente reconocidos de los pueblos indígenas, intentando apropiarse ilegalmente del terreno: desmonte, quema y alambrados vienen siendo un problema recurrente
Y es que no se trata de un conflicto nuevo. Desde 2023, el empresario agrícola Claudio Ferrari intenta apropiarse de una porción del territorio que rodea a Misión Chaqueña, una comunidad de más de dos mil habitantes. En enero de aquel año, trabajadores enviados por el empresario comenzaron a abrir picadas, derribar árboles y colocar postes para avanzar con un alambrado. La escena se repite ahora: nuevamente, cuadrillas acompañadas por una patota contratada ingresaron al monte nativo para profundizar el desmonte.
Frente a ese avance, unas 30 mujeres wichi —madres, abuelas y jóvenes— de Misión Chaqueña y de Misión Carboncito salieron otra vez a “poner el cuerpo” y bloquear los trabajos. Por esos senderos, explican, circulan diariamente niñeces y personas mayores a pie, en bicicleta o en moto. “No es solo una disputa por la tierra: es la defensa de un espacio vital para la continuidad cultural y la vida cotidiana”, señalan desde la comunidad.
La memoria de la resistencia reciente sigue viva. En noviembre de 2022, un grupo de mujeres, acompañadas por ancianas, realizó un acampe a la vera de la Ruta Provincial 53, a la altura del kilómetro 38, soportando temperaturas extremas. En aquel momento denunciaron que Ferrari se presentó sin exhibir documentación y aseguró que “el monte es de él”. Desde entonces, aseguran, los intentos de desmonte, quema y ocupación se intensificaron, incluso con la instalación de un campamento permanente del empresario en el interior del territorio comunitario. Las comunidades afirman estar inscriptas en el relevamiento territorial indígena, pero denuncian maniobras irregulares y una posible compra ilegal de tierras. Según relatan, las mujeres quedaron excluidas de las consultas durante ese proceso y sospechan que parte del monte nativo habría sido entregado sin su consentimiento. “Eso nos dejó en una gran inseguridad jurídica”, advierten. Pese a haber solicitado un nuevo relevamiento, aseguran que no recibieron respuestas y que fueron discriminadas por las autoridades.
En el plano judicial, la situación también genera preocupación ante la imposibilidad de diálogo con la fiscal Gabriela Souto, a cargo de las denuncias efectuadas por la comunidad.
Mientras el desmonte avanza, las comunidades vuelven a pedir auxilio y visibilidad. En audios acercados a Nuevo Diario, referentes wichi llamaron a los medios de comunicación, organizaciones sociales y a la sociedad en general a acompañar la lucha. “Son las mujeres, las madres y las abuelas las que están sosteniendo esta resistencia, poniendo la vida en el territorio”, expresaron, y reclamaron que periodistas y equipos de comunicación se acerquen a documentar lo que ocurre.
Teniendo en cuenta el permanente avance de proyectos extractivos y prácticas de desmonte ilegales o irregulares, la resistencia wichi vuelve a exponer la violencia estructural que padecen los pueblos originarios y la persistente falta de respuestas del Estado y la necesidad de encontrar voces que repliquen estos hechos y cobren conocimiento.