Ordenamiento de espacios públicos, tema central en Cafayate
El Ejecutivo municipal de Cafayate volvió a ingresar al Concejo Deliberante de Cafayate un proyecto de ordenanza destinado a regular la ocupación de veredas y espacios públicos por parte de establecimientos gastronómicos, la instalación de publicidad fija y la realización de eventos temporales en la ciudad.
Por la relevancia y el impacto económico y urbano de la iniciativa, el oficialismo solicitó la convocatoria a una sesión extraordinaria para su tratamiento, prevista para el lunes 12 de enero a las 09:00. La propuesta establece un sistema de cobro a través de Unidades Tributarias (UT), con valores diferenciados según la zona y con incrementos durante los meses de mayor afluencia turística.
De acuerdo al texto presentado, la Zona A tendrá un costo de 260 UT mensuales por metro cuadrado, con un incremento del 25% durante la temporada alta, que comprende febrero, marzo y julio. En la Zona B el valor será de 220 UT mensuales por metro cuadrado, mientras que en la Zona C ascenderá a 200 UT. En tanto, el denominado Corredor A abonará 220 UT mensuales por metro cuadrado, también con aumentos en los meses de temporada alta. Entre los puntos centrales del proyecto se fija que la ocupación de veredas solo estará permitida cuando estas superen los tres metros de ancho. El uso no podrá exceder el 50% del espacio disponible y deberá garantizarse un paso libre mínimo de 1,50 metros, en cumplimiento de la Ley Nacional de Accesibilidad N° 24.314.
Además, se prohíbe expresamente la ocupación de ochavas, esquinas e intersecciones de calles, conforme a lo dispuesto por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. La ordenanza autoriza la colocación de mesas, sillas, sombrillas, toldos y marquesinas, siempre que los elementos resulten seguros y compatibles con el entorno urbano. Las habilitaciones deberán renovarse de manera anual y quedarán sujetas a inspecciones periódicas.
El texto incorpora un régimen de infracciones clasificadas como leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde apercibimientos hasta multas de entre 50 y 500 UT por día. En materia de publicidad fija, se fijan tasas semanales de 60 UT por metro cuadrado en zonas céntricas y de 40 UT por metro cuadrado en áreas periféricas. El nuevo ingreso del proyecto se produce en un contexto de polémica política e institucional. A fines de diciembre del año pasado, una sesión extraordinaria convocada para tratar una iniciativa similar fue suspendida.
En aquella oportunidad, la concejala Romina Cabezas informó que el Concejo Deliberante anuló la sesión por irregularidades en la convocatoria, al señalar que había sido firmada por la secretaria de Economía y Finanzas municipal y no por la intendenta Rita Guevara, lo que —según sostuvo— constituía una falta grave. Cabezas recordó además que el proyecto original había sido archivado y que no podía volver a tratarse en el mismo año ni considerarse sin respetar el reglamento interno del Concejo y la Carta Municipal. También cuestionó el esquema de cobro propuesto entonces, que se basaba en el precio de la nafta súper, con valores diferenciados por zonas y aumentos automáticos ante cada suba del combustible. En ese marco, advirtió sobre el impacto que una medida de ese tipo podría tener en la economía de los comerciantes y de los vecinos de Cafayate. La concejala remarcó que, si bien existe consenso en la necesidad de ordenar el uso del espacio público y mejorar la circulación, el debate debe darse con responsabilidad, transparencia y participación, proponiendo la realización de audiencias públicas con los comerciantes antes de avanzar con una normativa de este alcance.
En paralelo, el Concejo Deliberante fue citado a sesión ordinaria el jueves 8 de enero a las 09:00 para debatir el Presupuesto de Gastos y Recursos 2026 del municipio. Esa convocatoria, firmada por el concejal Aldo Ricardo Siares y fechada el 5 de enero de 2026, prevé la recepción del expediente presupuestario, la exposición de fundamentos y la posibilidad de que los ediles soliciten información adicional a las áreas técnicas y a la Secretaría de Hacienda para evaluar partidas, fuentes de financiamiento y asignaciones por área. El resultado del debate definirá la autorización para la ejecución de erogaciones, inversiones y programas durante el ejercicio fiscal 2026.