Tierras wichí: Liberan al referente Pantoja, y denuncian causas armadas
Al cierre de esta edición, Leonardo Pantoja, referente wichí de la comunidad Misión Chaqueña, finalmente fue liberado después de encontrarse detenido desde la semana pasada en la ciudad de Embarcación tras el recrudecimiento del conflicto territorial con el empresario Claudio Ferrari, señalado por las comunidades como responsable del desmonte ilegal sobre tierras ancestrales.
Este lunes, la abogada ambientalista Mara Puntano se presentó para asumir su defensa y denunció una maniobra judicial para criminalizar la resistencia indígena y silenciar las denuncias por delitos ambientales. Puntano confirmó que logró hablar con Leonardo Pantoja, aunque advirtió que el acceso al detenido y al expediente fue obstaculizado por el sistema judicial. “No hay causas reales para que Leonardo esté preso. Lo que hay son causas armadas para acallar los reclamos de las comunidades indígenas, cuyos derechos el Estado provincial vulnera de manera sistemática”, sostuvo. Según explicó, recién este lunes Pantoja pudo designarla formalmente como su defensora, a pesar de que desde noviembre la comunidad venía solicitando su intervención. “Vine a comprobar si era su voluntad designarme, porque existe una operación clara para cercar a los detenidos e impedir su defensa. La Fiscalía y la Policía actúan bajo presión del empresario”, denunció.
La abogada remarcó que Ferrari se presenta como propietario de las tierras en disputa, pese a que los pueblos originarios son preexistentes al Estado nacional, provincial y municipal, y cuentan con relevamientos oficiales que reconocen la posesión ancestral del territorio. “Los pueblos indígenas no comen petróleo ni litio. Viven del monte. Son guardianes del monte y deberían ser respetados como autoridades”, afirmó. En ese marco, Puntano vinculó el conflicto con intereses extractivos y denunció una política estatal de persecución. “Esto es parte de un modelo ecocida y genocida, asociado a una lógica minera y capitalista. No están defendiendo solo su vida, están defendiendo la vida de todos”, expresó. La letrada también cuestionó duramente la ausencia del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). “Las comunidades se cansaron de presentar notas y no son escuchadas. El IPPIS tiene abogados y deberían estar acá. ¿Qué están haciendo?”, planteó, al tiempo que subrayó que el reclamo de la comunidad wichí de Misión Chaqueña es legítimo. Sobre la causa judicial, Puntano aseguró que no existen fundamentos para que Pantoja continúe privado de su libertad. “Me hablan de ocho causas, pero no me permiten acceder al expediente. Vamos a presentar pruebas para desarmar cada una de las imputaciones falsas contra los pueblos indígenas de la provincia”, dijo previamente a su liberación.
Los hechos
El caso se originó la noche del miércoles pasado, cuando Pantoja y Marta Herrera, ambos referentes wichí, se acercaron a un destacamento policial para denunciar amenazas de muerte.
El día viernes fue liberada Marta Herrera, quien además de ser una mujer de edad avanzada, presentaba problemas significativos de salud. La liberación se produjo mediante la presentación de un Hábeas Corpus por parte de la abogada Tania Kiriaco, mientras que Pantoja continuaba detenido. Según relataron, los hostigamientos provenían de Ferrari, en el marco del avance del desmonte ilegal en el territorio comunitario. Sin embargo, lejos de recibir protección, ambos fueron detenidos cerca de las 23 horas y trasladados a la Fiscalía de Embarcación, sin notificación previa ni garantías claras. La detención fue ordenada por la fiscal Gabriela Souto y generó un fuerte repudio al conocerse su vínculo de parentesco con el empresario denunciado. Para las comunidades, este dato refuerza la denuncia de connivencia entre poder económico, sistema judicial y fuerzas de seguridad en el norte provincial.
Desde hace meses, la comunidad wichí de Misión Chaqueña sostiene acampes, reclamos administrativos y presentaciones formales para frenar la tala del monte nativo. Denuncian que Ferrari avanzó sobre el territorio con alambrados de entre cuatro y seis kilómetros, restringiendo el acceso a tierras ancestrales y profundizando un proceso de cercamiento que precede al desmonte. Las amenazas y el hostigamiento se intensificaron contra quienes documentan con fotos y videos la destrucción del monte. En ese contexto, la detención de Pantoja y Herrera es interpretada como un mensaje disciplinador hacia toda la comunidad, mientras los delitos ambientales continúan sin sanción. En Embarcación, comunidades originarias mantienen las protestas y exigen la liberación de Leonardo Pantoja, el cese de la criminalización y el respeto efectivo de los derechos indígenas reconocidos por la Constitución Nacional.