Intendenta de San Carlos desmintió irregularidades tras reactivarse una denuncia
La intendenta de San Carlos, María del Carmen Vargas, salió en las últimas horas a desmentir de manera categórica una denuncia por presuntas transferencias millonarias de fondos públicos a cuentas particulares, luego de que el tema volviera a instalarse en la agenda mediática provincial.
La acusación, que había sido difundida originalmente en noviembre de 2025, fue reflotada recientemente y volvió a generar repercusiones políticas y administrativas en la localidad vallista. Vargas aseguró que no existe ninguna denuncia penal en su contra presentada por la Auditoría General de la Provincia y sostuvo que tomó conocimiento de las acusaciones a través de los medios de comunicación. Según explicó, la versión que circuló en las últimas horas la sorprendió por completo, ya que se la señalaba como responsable de transferencias realizadas durante todo el año 2023.
“Decían que durante ese año yo me había transferido dinero a mi cuenta personal, cuando en 2023 yo no era intendenta”, afirmó. La jefa comunal recordó que asumió formalmente el cargo el 10 de diciembre de 2023 y que, al momento de iniciar su gestión, el municipio no contaba con fondos disponibles. “No había un solo peso en ninguna cuenta del municipio. No existían fondos”, remarcó, al tiempo que vinculó la confusión a la coincidencia de apellido con el exintendente Héctor Raúl Vargas, quien estuvo al frente del Ejecutivo municipal durante el período anterior. En ese sentido, fue enfática al señalar que cualquier irregularidad correspondiente a 2023 debe ser atribuida a la gestión previa.
Respecto de los movimientos bancarios que se mencionan en la denuncia reflotada, Vargas explicó que se trata únicamente del cobro de su salario como intendenta. Detalló que, tras solicitar informes en el banco, se constató que las transferencias observadas corresponden a sus haberes de enero, febrero, marzo y abril, en condiciones idénticas a las de cualquier trabajador municipal. “No hay ningún monto irregular”, sostuvo.
La intendenta también negó que la Auditoría General haya presentado una denuncia penal en su contra y afirmó que, hasta el inicio de la feria judicial, no existía ninguna presentación formal ante la Justicia. Sí reconoció que la Cuenta General del Ejercicio 2024 no fue presentada en tiempo y forma, pero aclaró que esa situación obedeció a un problema administrativo con el contador que estaba a cargo en ese momento, quien posteriormente fue apartado de su función. Las declaraciones de Vargas se produjeron luego de que en las últimas horas se retomara públicamente una información difundida meses atrás, en la que se indicaba que la Auditoría General de la Provincia había detectado transferencias sin justificación desde la cuenta oficial del municipio hacia cuentas particulares, entre ellas la de la propia intendenta y la de algunos empleados.
Según esa versión, el caso habría sido remitido al Ministerio Público Fiscal ante la falta de presentación de la Cuenta General del Ejercicio, un balance obligatorio que debe rendirse cada 30 de junio. Visiblemente molesta por la reaparición del tema, Vargas cuestionó la forma en que se difundió la información y pidió mayor responsabilidad. “No se puede acusar sin investigar”, remarcó.