“Lo llevaron a un sector sin cámaras”: investigan denuncia por tortura en la Unidad 2 de Metán
Una presentación judicial activó una investigación penal por un presunto episodio de violencia extrema dentro de la Unidad Carcelaria N°2 de Metán.
Se trata de una denuncia que llegó a Diario InfoSalta y que Nuevo Diario pudo corroborar, en la que se detallan supuestas irregularidades en el accionar del personal penitenciario, demoras en la atención médica y el uso del aislamiento como medida de castigo, en un contexto ya advertido por organismos nacionales de control.
Según consta en la denuncia penal registrada ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Metán, el hecho habría ocurrido el domingo 11 de enero, alrededor de las 21:50, dentro del establecimiento carcelario ubicado en el sur provincial.
La carátula inicial del expediente menciona “apremios ilegales – vejaciones – severidades” y señala como lugar del hecho a la Unidad Carcelaria N°2.
El denunciante es Maximiliano Exequiel Torrejón, de 30 años, quien relató haber sido atacado por un grupo numeroso de efectivos luego de un conflicto previo en el pabellón.
En su declaración, sostuvo que fue reducido por varios agentes y trasladado a un sector interno donde, presuntamente, no habría cámaras de seguridad.
Allí, indicó que lo obligaron a arrodillarse y comenzaron a golpearlo con puños, patadas y bastones, mientras lo insultaban y se burlaban.
La denuncia también describe que el ataque habría continuado en el baño del pabellón, donde el interno aseguró haber sido sometido a maniobras de asfixia, torsiones de brazos y piernas, y golpes reiterados mientras permanecía inmovilizado.
Torrejón incluso manifestó haber perdido el conocimiento en dos oportunidades y afirmó que, pese a su estado, volvió a recibir golpes frente al personal de enfermería.
Uno de los puntos centrales de la presentación judicial es la lesión sufrida en la pierna izquierda, una zona donde Torrejón posee antecedentes médicos por múltiples intervenciones quirúrgicas previas.
De acuerdo al relato incorporado al expediente, los golpes habrían impactado sobre esa extremidad y como consecuencia se habría producido una “rotura de placa”, situación que, según el interno, fue confirmada por el médico que lo atendió durante una radiografía.
Además, el denunciante aseguró que, tras ser derivado al hospital al día siguiente, escuchó un diálogo en el que se habría solicitado que esa lesión no fuera asentada en el informe médico.
En paralelo, afirmó que no recibió atención inmediata pese al intenso dolor y a la imposibilidad de movilizarse.
En la denuncia también se advierte que el interno permanecía alojado en una celda de castigo conocida como “chancho”, situación que fue cuestionada por su defensa como un aislamiento prolongado.
El abogado Víctor Gomes sostuvo que se trataría de prácticas “deplorables” que -según remarcó- deberían prevenirse desde las autoridades penitenciarias.
Por otra parte, la defensa indicó que Torrejón se encuentra en prisión preventiva desde hace casi un año y solicitó medidas de protección para resguardar su integridad física, garantizar su tratamiento médico y evaluar la posibilidad de un traslado a otra unidad, ante el temor de represalias tras la denuncia.
Denuncias estructurales y sistema bajo tensión
El episodio se inscribe en un escenario más amplio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema penitenciario en Salta.
Familiares de otros internos, que pidieron reserva de identidad por temor a represalias, señalaron a InfoSalta que existirían tratos diferenciados y que el acceso a condiciones más favorables dependería de presuntos privilegios gestionados por las familias, incluso mediante aportes económicos.
Quienes no acceden o realizan reclamos, denunciaron, podrían ser objeto de malos tratos o traslados como forma de disciplinamiento. La situación también fue advertida por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Oportunamente, Rodrigo Solá, representante de Salta ante el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, describió al sistema carcelario provincial como “una olla a presión”, marcada por la sobrepoblación y malas condiciones de detención.
Según el organismo, el hacinamiento rondaría el 40%, agravado tras la transferencia de causas por microtráfico, lo que -advirtió- eleva el riesgo de que conflictos menores escalen en hechos graves.
En paralelo, el caso investigado en la Unidad Carcelaria N°2 de Metán se da en un contexto ya advertido por organismos nacionales.
Rodrigo Solá alertó recientemente sobre el deterioro de las condiciones de detención en la provincia y aseguró que hay personas privadas de la libertad que duermen en el piso, sin colchón o sobre restos de gomaespuma, tanto en cárceles como en alcaidías.
Solá remarcó que la falta de camas y condiciones básicas se volvió una problemática extendida, y que el sistema penitenciario no alcanza a responder a la cantidad de detenidos, lo que dificulta cualquier proceso de reinserción.
Según explicó, también se registran limitaciones en el acceso equitativo a la educación, ausencia de cupos laborales suficientes y escasez de equipos técnicos, como psicólogos y trabajadores sociales.
De acuerdo a su evaluación, la sobrepoblación carcelaria en Salta ronda el 40%, un problema que se profundizó desde 2014 con la transferencia de causas vinculadas al microtráfico.
Así, mientras la Fiscalía de Derechos Humanos investiga la denuncia por apremios ilegales, vejaciones y severidades ocurridas en Metán, el caso vuelve a exponer un sistema bajo presión, con fuertes cuestionamientos sobre las condiciones de detención y el cumplimiento de garantías básicas.