Los docentes privados sin bono; con silencio oficial, dudas y reclamo sin respuesta
La falta de pago de la asignación extraordinaria de $200 mil, acordada en paritarias y prevista para el 16 de enero, desató malestar e incertidumbre en miles de trabajadores de la educación de gestión privada. SADOP elevó una nota al Gobierno provincial y reclama una solución urgente. Mientras tanto, proliferan conjeturas, crece la bronca y no hay explicaciones públicas.
La escena se repite en escuelas de gestión privada de Capital y del interior: consultas sin respuestas, mensajes cruzados, versiones que se multiplican y una sensación de desamparo que atraviesa a docentes y familias. El motivo es concreto y verificable: el no cobro del bono extraordinario de $200.000, una asignación no remunerativa y no bonificable que debía abonarse el 16 de enero, junto al resto de la administración pública provincial, conforme a lo acordado en el acta salarial del 17 de diciembre último. Ese compromiso fue suscripto entre representantes del Gobierno de la Provincia y los secretarios generales de las entidades sindicales, entre ellas SADOP Seccional Salta, que nuclea a los docentes de educación privada. Sin embargo, llegada la fecha, el pago no se efectivizó para el sector, lo que encendió una alarma que aún no encuentra respuesta oficial. La situación motivó una nota formal fechada el 19 de enero, dirigida al ministro de Economía y Servicios Públicos, CPN Roberto Dib Ashur; a la ministra de Educación, Cristina Fiore; y al gobernador Gustavo Sáenz. En el texto, Víctor Arnaldo Gómez, secretario general de SADOP Salta, expresó su “suma preocupación” por el incumplimiento del acuerdo y reclamó una pronta solución.
“Motiva la presente nota que a la fecha dicho compromiso asumido por parte del Gobierno no se cumplió con nuestro sector privado; no se efectivizó el pago del mencionado bono y con ello también se incumplió la palabra de que cada 15 días los trabajadores recibirían dinero en sus bolsillos”, señala el escrito. El dirigente gremial remarca además que SADOP quiere entender el hecho como un error involuntario y no como un acto de discriminación hacia el colectivo de docentes privados, pero solicita que la situación sea revisada y solucionada a la brevedad, dado que vuelve a castigar a un sector históricamente postergado.
Sin explicaciones y con una catarata de conjeturas
En ausencia de una comunicación oficial, las conjeturas ganaron terreno. Entre docentes y referentes circula la versión de que los fondos no habrían sido liberados desde el Ministerio de Economía, y que la firma administrativa correspondiente no se habría concretado por la ausencia del funcionario responsable, quien se encontraría de vacaciones. La información no fue confirmada ni desmentida públicamente. Mientras tanto, radios y portales locales comenzaron a hacerse eco del reclamo, amplificando un malestar que ya no se limita a los pasillos escolares. “El Gobierno se hace el sordo y el ciego ante un acuerdo firmado”, resume, con bronca, una voz del sector que pidió resguardar su identidad.
Salarios más bajos y familias afectadas
El impacto del incumplimiento no es abstracto. Miles de familias contaban con ese ingreso para afrontar gastos de enero: alquileres, servicios, deudas, útiles, alimentos. “Hay bocas que alimentar y cuentas que pagar”, repite una docente del interior. Un profesor del nivel superior privado, afiliado a SADOP desde 2021, describe la situación con crudeza: recuerda que el bono fue explícitamente incluido en la negociación paritaria y que la fecha de pago estaba estipulada. “Ya estamos a más de veinte y no hubo depósito ni explicación. Desde el gremio se presentaron notas, pero la gravedad del problema no fue dimensionada”, sostiene. El docente aporta además un dato estructural que atraviesa el debate: la brecha salarial. “Históricamente, los docentes de gestión privada cobramos mucho menos que en el sistema público. Por la misma cantidad de horas cátedra, la diferencia puede ser hasta el triple”, afirma. Y agrega otro elemento sensible: “Muchos estamos en el sector privado porque no logramos ingresar al sistema público, atravesado por una burocracia excesiva y, muchas veces, por prácticas de acomodo”.
El conflicto también abrió un debate incómodo en la opinión pública. Algunas voces cuestionan que el Estado deba afrontar el bono en instituciones privadas que cobran cuotas elevadas, reciben subsidios e incluso, en ciertos casos, beneficios patrimoniales. Desde esa mirada, el reclamo debería recaer sobre los propietarios de los establecimientos. Del otro lado, los docentes remarcan que el bono fue parte de un acuerdo salarial provincial, que no distingue modalidad de gestión, y que históricamente el sector privado percibió compensaciones cuando se anunciaron medidas similares. “No somos los dueños de las instituciones; somos trabajadores y trabajadoras. Y somos, además, los que menos ganamos”, replican.
A casi una semana de la fecha prevista de pago, no hay anuncios oficiales, ni comunicados que aclaren plazos o responsabilidades. El silencio estatal alimenta la desconfianza y profundiza la sensación de vulneración en un sector que ya arrastra condiciones laborales más frágiles. La nota de SADOP sigue su curso administrativo. En las aulas, la paciencia se agota. El reclamo es puntual y concreto: cumplir lo firmado. Mientras tanto, la incertidumbre se instala como una constante para un sector históricamente invisibilizado.