A una semana del pedido formal de sesiones extraordinarias presentado por el bloque de La Libertad Avanza, la iniciativa sigue sin tratamiento ni aprobación, pese a que fue argumentada como necesaria y urgente ante el impacto de las fuertes tormentas que afectaron a distintos sectores de la ciudad y parajes rurales del departamento San Martín.
El pedido fue ingresado el miércoles 20 de enero y apuntaba a habilitar el funcionamiento del cuerpo legislativo fuera del calendario ordinario para abordar la emergencia generada por las lluvias. Sin embargo, hasta el cierre de la semana, no hubo avances formales ni convocatoria, lo que profundiza el vacío de respuestas desde el ámbito institucional, sumido en una suerte de paradojas, y atento a que quienes reclaman las sesiones extraordinarias, tienen pertenencia al espacio de quienes se negaron a asumir el pasado diciembre.
Mientras el trámite permanece estancado, ediles del bloque libertario realizaron recorridas por zonas afectadas y colaboraron con familias damnificadas, en una acción que buscó suplir, al menos desde lo territorial, la falta de herramientas políticas para intervenir desde el recinto.
Cabe recordar que la actual situación del Concejo no puede entenderse sin retroceder al 10 de diciembre pasado. Aquella jornada, en desacuerdo con la elección de autoridades, tres concejales electos de La Libertad Avanza abandonaron el recinto sin prestar juramento. Ese “portazo”, pensado como gesto de protesta política, terminó generando un problema institucional de fondo: al no jurar, los ediles nunca asumieron formalmente sus cargos. Como consecuencia, el Concejo Deliberante de Tartagal funciona hoy con solo 8 de sus 11 miembros, una anomalía que impacta de lleno en la representación política y en la capacidad de debate y control legislativo.
La decisión de no asumir también tuvo efectos concretos en el plano administrativo y económico. Los concejales José Manuel Arenas, Lucrecia Díaz y Daniel Márquez no percibirán las dietas correspondientes a los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, ya que legalmente nunca iniciaron funciones. La situación contrasta con la de Manuel Moreno, quien mantiene un mandato vigente y continúa cobrando su remuneración con normalidad. Más allá del aspecto salarial, el dato central es que miles de votantes quedaron sin representación formal durante casi un cuatrimestre, en una ciudad atravesada por múltiples problemáticas sociales, económicas y ambientales.
Tras el conflicto inicial, el bloque libertario intentó revertir la situación solicitando una sesión especial para prestar juramento. Sin embargo, el planteo chocó con un límite claro de la normativa local. La Carta Orgánica Municipal establece que las sesiones especiales están reservadas para situaciones excepcionales, como catástrofes o hechos imprevistos, y no para resolver disputas políticas o internas del cuerpo. La Justicia Electoral fue contundente: los ediles deberán esperar al inicio del período de sesiones ordinarias, previsto para el 1 de abril, para regularizar su situación.