Desde la Auditoría niegan animosidad institucional contra el municipio de San Carlos
El presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, respondió a los cuestionamientos de la intendenta de San Carlos, María del Carmen “Kukina” Vargas, y aseguró que en las actuaciones realizadas contra ese municipio “no existió ningún tipo de animosidad institucional”.
Según sostuvo, las medidas adoptadas se ajustan a los procedimientos habituales del organismo y responden a la necesidad de hacer cumplir la normativa vigente.
En declaraciones a 10 TV, Ferraris explicó que la Auditoría viene trabajando desde hace varios años con los municipios para mejorar los niveles de transparencia y cumplimiento administrativo.
En ese marco, destacó que 59 de los 60 intendentes de la provincia presentaron la Cuenta General del Ejercicio 2024, luego de una prórroga de plazos acordada oportunamente.
“No hay ningún tipo de animosidad institucional en relación a San Carlos; es solamente la necesidad de hacer cumplir la ley”, remarcó, al rechazar versiones que sugieren un trato diferencial hacia la jefa comunal.
Ferraris recordó que desde hace tres años existe un convenio firmado con el Gobierno provincial y el Foro de Intendentes, que permitió acompañar a las comunas en la presentación de sus ejercicios financieros.
“Se ha venido observando un esfuerzo muy positivo de parte de los intendentes”, señaló, y puntualizó que San Carlos fue el único municipio que no presentó la documentación correspondiente al ejercicio 2024.
En ese sentido, indicó que la rendición de la Cuenta General del Ejercicio es una obligación primaria de los municipios y que el plazo había sido prorrogado hasta septiembre.
Sin embargo, afirmó que, vencida esa fecha, el organismo continuó actuando conforme a los procedimientos legales establecidos.
“Desde septiembre a noviembre se le cursaron a la intendenta de San Carlos numerosas intimaciones”, explicó.
Al no obtener respuesta, agregó que en noviembre el Colegio de Auditores resolvió avanzar con una presentación formal, tal como ocurre en casos similares.
Ferraris insistió en que no se trató de una decisión excepcional ni dirigida contra Vargas.
“Se hizo lo que se hace frecuentemente. No hay ningún tipo de animosidad institucional, es solamente la necesidad de hacer cumplir la ley”, reiteró.
Por último, sostuvo que el alto nivel de cumplimiento alcanzado por la mayoría de los municipios refleja avances en control y transparencia.
En ese contexto, consideró que el caso de San Carlos no debe interpretarse como una persecución política, sino como la aplicación de las normas vigentes que rigen para todos los gobiernos locales.