El IPV aclaró el esquema de cuotas tras reclamos por viviendas en Cafayate
La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Laura Caballero, brindó precisiones sobre la situación de las viviendas del barrio Socorro II, en la localidad de Cafayate, luego de los reclamos planteados por vecinos en relación con el valor de las cuotas mensuales.
La funcionaria, en Killa Noticias señaló que, si bien no mantuvo reuniones personales recientes con los vecinos, el equipo técnico del organismo se encuentra trabajando en Cafayate y que el IPV recibió presentaciones formales vinculadas al pedido de consideración del valor de las cuotas.
En ese sentido, aclaró que el esquema de pago fue informado a las familias beneficiarias desde el inicio del programa.
Caballero explicó que las viviendas forman parte de un plan que comenzó a desarrollarse en 2021 con financiamiento nacional, pero que debió ser reprogramado tras el cambio de gobierno a nivel nacional, cuando se discontinuó el envío de fondos.
Ante ese escenario, indicó que la Provincia decidió continuar las obras con recursos propios, al considerar que se trataba de proyectos prioritarios con familias salteñas adjudicatarias.
La titular del IPV recordó que, cuando se retomaron las obras en agosto de 2024, se volvió a informar a los beneficiarios que las unidades no eran gratuitas y que debían abonar una cuota.
En ese momento, según precisó, se comunicó que los montos iniciales partían desde los 150 mil pesos. Actualmente, para las viviendas entregadas entre septiembre y octubre de 2025, la cuota parte asciende a 217 mil pesos.
En relación con el valor de las unidades, Caballero sostuvo que se trata del costo real de viviendas de 62 metros cuadrados, con condiciones completas de habitabilidad.
También reconoció que existen reclamos puntuales por cuestiones constructivas, aunque remarcó que esto es habitual en obras nuevas y que las casas cuentan con un año de garantía para atender los denominados “vicios ocultos”.
Según explicó, durante ese período el IPV mantiene presencia permanente en el barrio a través de su equipo técnico, que releva, documenta y canaliza cada reclamo hacia la empresa constructora, una cooperativa de trabajo responsable de la ejecución de las viviendas.
Aseguró que los planteos están siendo atendidos, aunque algunos demandan más tiempo de resolución que otros.
Respecto al inicio del pago de las cuotas, la funcionaria indicó que la obligación comienza a partir de la entrega formal de la vivienda y la toma de posesión por parte de la familia beneficiaria.
Señaló además que este esquema fue notificado con antelación y que los adjudicatarios firmaron un acta de consentimiento aceptando las condiciones del plan.
Caballero también se refirió al mecanismo de actualización de las cuotas y aclaró que se trata de una normativa vigente desde 2019.
Explicó que las viviendas del IPV se financian a largo plazo, entre 20 y 30 años, y que la actualización se realiza en la provincia de Salta mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), a diferencia de otras jurisdicciones que utilizan índices como el UVI, UBA o el valor del metro cuadrado de construcción.
En cuanto a los reclamos presentados por los vecinos, la presidenta del IPV indicó que las notas deben tramitarse de manera individual y que cada caso será analizado en particular. Afirmó que el viernes pasado se notificó a las 97 familias del barrio sobre este procedimiento y que no es necesaria la intervención de gestores ni intermediarios. Hasta el momento, precisó, se recibió una presentación colectiva y un expediente individual previo, que se encuentra en análisis. La funcionaria señaló que el sistema habitacional es solidario y que, si bien se evaluarán situaciones particulares, también debe contemplarse el contexto general.
En ese sentido, sostuvo que el valor de la cuota se encuentra por debajo de los alquileres que se pagan actualmente en Cafayate y remarcó que se trata de viviendas propias construidas sobre terrenos del Estado provincial, que se encuentran en proceso de regularización dominial a través del área de Tierras y Bienes.
Por último, Caballero explicó que el régimen de pago contempla sanciones en caso de incumplimiento. Detalló que la normativa establece la revocatoria del beneficio ante la falta de pago de tres cuotas consecutivas o cinco cuotas alternadas.



