Alcohol cero en el debate: la respuesta política y social al reclamo de las bodegas

El debate volvió a encenderse con fuerza en Salta luego de las declaraciones públicas de Alejandro Martorell, presidente de Bodegas de Salta, quien planteó la necesidad de revisar la ley de alcohol cero al volante vigente en la provincia desde 2014.

En una entrevista emitida por Canal 10, en el programa ‘Pasaron Cosas’, Martorell sostuvo que la normativa “no colabora en nada con el turismo”, la calificó como una ley “de intolerancia total” y afirmó que, desde criterios médicos, conducir con 0,5 gramos de alcohol en sangre sería compatible con una conducción segura.

El empresario vinculó directamente la crisis del sector vitivinícola con la legislación vigente, habló de controles “con fines recaudatorios” en Cafayate y los Valles Calchaquíes, y aseguró que un turista que compara a Salta con Mendoza “elige dónde puede tomarse una copa sin perder el carnet ni el vehículo”.

Sus palabras, pronunciadas en plena vendimia y en un contexto de fuerte caída del consumo y las exportaciones de vino, no tardaron en generar repercusiones. Desde distintos sectores comenzaron a alzarse voces que rechazaron con dureza el planteo, advirtiendo que reabrir la discusión sobre el alcohol cero implica poner en riesgo una política pública que nació tras tragedias viales y que tuvo impacto directo en la reducción de siniestros.

“Lo que ahuyenta al turismo son los siniestros viales, no la tolerancia cero”

Uno de los primeros en responder fue el concejal capitalino Gustavo Farquharson, quien se manifestó con firmeza a favor de la ley y cuestionó los argumentos del sector vitivinícola. En diálogo con Fenómeno Barrial, el edil sostuvo que la normativa constituye una herramienta central para la seguridad vial y que el Estado no puede correrse de su obligación de priorizar la vida. “El enfoque no es correcto. Lo que más ahuyenta al turismo son los siniestros viales, no la tolerancia cero”, afirmó. En ese sentido, consideró irresponsable utilizar al turismo como excusa para atacar una ley que tiene como objetivo evitar muertes evitables.

Farquharson remarcó además que no existen evidencias que demuestren que los turistas dejan de elegir Salta por la vigencia del alcohol cero. “El turista se toma un taxi, un remis, usa plataformas de transporte o designa un conductor que no toma. Pensar que alguien no viene a Salta por la tolerancia cero es, como mínimo, forzado”, expresó.

El concejal también contextualizó la caída de la actividad turística y vitivinícola dentro de un escenario económico nacional adverso. “No se le puede achacar a la tolerancia cero una baja de visitantes cuando hay un parate económico generalizado. Hay otras aristas que explican esa situación”, subrayó.

Alternativas posibles sin tocar la ley

Lejos de promover una confrontación directa con el sector bodeguero, Farquharson propuso avanzar en soluciones complementarias que no impliquen retroceder en materia de seguridad vial. “Esto no va en contra del vino ni de la cultura vitivinícola, todo lo contrario. Las bodegas deberían sumarse con campañas de concientización y alternativas de transporte para los turistas”, planteó. Incluso mencionó experiencias de otras provincias, como Santa Fe, donde existen servicios privados que permiten que un conductor retire el vehículo de una persona que consumió alcohol y la traslade a su domicilio. “Hay miles de formas de dar respuesta sin retroceder. Bajar la tolerancia cero sería un retroceso muy negativo”, advirtió.

Raúl Córdoba

La voz de las víctimas y la memoria detrás de la ley

Desde un lugar aún más sensible, también se expresó el concejal mandato cumplido Raúl Córdoba, referente del grupo Estrella Amarilla filial Salta y representante de la Fundación Cristina Ambrosio Batistel. Su mirada se apoya en la experiencia directa de acompañar a familias atravesadas por pérdidas irreparables.

En diálogo con Nuevo Diario, Córdoba calificó las declaraciones de Martorell como “totalmente desafortunadas” y recordó el contexto en el que se sancionó la ley. “La norma se aplica desde 2014 y surge porque existían demasiados hechos viales donde la mayor cantidad de personas que fallecían eran terceros inocentes. Y en esas estadísticas aparece claramente el consumo excesivo de alcohol”, señaló.

El referente destacó que la aplicación del alcohol cero permitió reducir la conducción bajo los efectos del alcohol en distintos puntos del país y también en Salta. “Creemos que la ley ha reducido esta situación. Si bien hacen falta más controles y mayor prevención, el camino no es retroceder”, afirmó.

“No es la ley la que afecta la economía”

Córdoba fue categórico al rechazar la idea de que la tolerancia cero tenga incidencia directa en la caída del consumo. “No tiene impacto sobre el consumo. Toda bebida alcohólica que se vende tiene una leyenda clara que indica que debe consumirse con precaución”, explicó.

En uno de los pasajes más duros de su análisis, consideró que el planteo empresario carece de perspectiva social. “Tal vez debería dialogar con personas que han perdido a sus seres queridos bajo esta circunstancia, para entender que la aplicación de la ley no tiene injerencia en su economía como comerciante”, sostuvo. “Existen otros factores que lo están perjudicando, incluso él mismo los menciona, pero no exactamente la tolerancia cero como se presenta desde el modo empresarial”, agregó.

Las repercusiones se producen además en un escenario que refuerza las advertencias. Solo durante el último fin de semana, la Policía de Salta controló cerca de 17.000 vehículos y detectó 179 conductores alcoholizados, pese a la vigencia de la ley. El dato expone que, aun con alcohol cero, el riesgo sigue latente.

La Ley Provincial 7846 prohíbe conducir habiendo consumido alcohol en cualquier grado y establece sanciones económicas, retención de licencias e inhabilitaciones. No es una norma simbólica, sino el resultado de años de reclamos frente a tragedias viales que marcaron a la provincia.

En ese marco, las respuestas políticas y sociales coinciden en un punto central: discutir desarrollo económico es legítimo, pero hacerlo poniendo en cuestión una política pública que salvó vidas es un límite que Salta no está dispuesta a cruzar.