Bajar la edad de imputabilidad: debate entre la urgencia política y algo más que castigo

Este lunes, cuando el Congreso de la Nación vuelva a abrir el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, no solo se pondrá en discusión un número —14 años— sino una concepción completa sobre cómo el Estado argentino responde al delito, a la infancia y a la violencia social.

La iniciativa del Gobierno nacional, incluida en el temario de sesiones extraordinarias, vuelve a activar una polémica recurrente: ¿endurecer el sistema penal juvenil trae más seguridad o apenas calma, por un rato, la ansiedad social frente a crímenes que conmocionan? El contexto no es neutro.

El oficialismo impulsa el tratamiento del proyecto bajo el rótulo de “Ley Penal Juvenil”, con un discurso que mezcla urgencia, orden y castigo. Desde el Poder Ejecutivo, la baja de la imputabilidad aparece asociada a una narrativa de “fin de la impunidad”, alimentada por casos extremos —sicariato, narcotráfico, homicidios cometidos por adolescentes— que ganan centralidad mediática y funcionan como disparadores políticos. Pero el problema, advierten juristas y especialistas, no es que el tema se discuta, sino cómo se discute y desde dónde.

“No se legisla para vengarse”

Para el abogado salteño Sebastián Aguirre Astigueta, el punto de partida debería ser otro. “El hecho de que se trate de un crimen muy grave, incluso vinculado al sicariato o al narcotráfico, no quita que estemos hablando de un niño”, señala. Y agrega una advertencia central: el derecho penal no se construye para resolver casos puntuales, sino para fijar reglas generales que después se aplican a toda la sociedad.

En esa línea, recuerda que la Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, con rango constitucional, que obliga al Estado a considerar niño a toda persona menor de 18 años y a priorizar su protección. Además, subraya que el sistema vigente ya permite aplicar penas desde los 16 años en delitos graves, por lo que la idea de una supuesta “zona liberada” legal no se corresponde del todo con la realidad.

“Siempre existió la idea de bajar la edad de imputabilidad. Algunos lo hacen con buenas intenciones y otros con malas”, explica Aguirre Astigueta. Las primeras, dice, buscan dar intervención judicial con garantías, evitando situaciones aún peores, como las medidas tutelares que privan de libertad a menores sin juicio previo. Las segundas, en cambio, apuntan directamente al castigo: “tratar a un chico como un adulto y mandarlo preso”. “Si bajamos la edad para vengarnos de los jóvenes, no solucionamos nada. Metemos a un chico de 15 años en la cárcel y lo sacamos peor”, resume.

Lo que está en juego: reglas generales, consecuencias concretas

El proyecto oficial propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Para delitos con penas menores a tres años se prevén medidas alternativas; para escalas mayores, sanciones más severas y, en casos graves, prisión, con un máximo de 15 años y prohibición de perpetua. No se trata, entonces, de una consigna simplista de “meter presos a chicos”, pero tampoco de una reforma inocua. En un país donde el encierro suele funcionar como depósito antes que como herramienta de reinserción, habilitar formalmente el poder punitivo del Estado sobre adolescentes de 14 y 15 años abre interrogantes profundos. Aguirre Astigueta lo plantea con claridad: el riesgo de legislar con reglas generales es terminar aplicando el peso del sistema penal a situaciones que podrían abordarse de otro modo. “¿Es lo mismo un adolescente que acepta dinero para matar que uno que comete un delito contra la propiedad empujado por la pobreza, la crisis y la desesperación? Si no distinguimos, podemos terminar criminalizando la infancia”. La advertencia va más lejos: “Hoy discutimos 14 o 15 años, mañana podemos estar hablando de 9. Es una pendiente peligrosa”.

El clima social

Cada crimen que involucra a menores reactiva el mismo recorrido: conmoción pública, indignación, presión mediática y respuesta política inmediata. Ocurrió con el asesinato de Bruno Bussanich en Rosario en 2024; volvió a pasar con el crimen de Kim Gómez en Vicente López; y más recientemente con el caso de Jeremías Monzón, en Santa Fe.

El reclamo social existe, y es comprensible. Hay víctimas, hay miedo y hay bronca. Pero la pregunta incómoda persiste: ¿la respuesta penal temprana reduce el delito o sólo ofrece una sensación momentánea de control?. Organismos especializados vienen alertando sobre este punto. UNICEF sostiene que no existe evidencia de que bajar la edad de imputabilidad mejore los niveles de seguridad y advierte que la privación temprana de libertad tiende a aumentar la reincidencia. En la misma línea, la Sociedad Argentina de Pediatría remarca que los delitos cometidos por menores de 18 años representan un porcentaje mínimo del total y que el encierro debe ser siempre el último recurso.

Cárceles que no reinsertan

El debate se vuelve aún más complejo cuando se cruza con la realidad del sistema penitenciario argentino. “Las cárceles hoy no cumplen lo que manda la Constitución: la privación de libertad debería ser para seguridad, no para castigo”, señala Aguirre Astigueta. En contextos de hacinamiento, violencia institucional y falta de dispositivos educativos y laborales, el encierro suele convertirse en una escuela de perfeccionamiento del delito. Los modelos que funcionan —recuerda— no son idílicos ni improvisados: requieren sistemas especializados, semiabiertos, con trabajo, educación y rápida reinserción social. “Eso existe en algunos países europeos. Acá no”. Que el tema se trate en sesiones extraordinarias no es un dato menor. Para muchos especialistas, el riesgo es que el debate quede atrapado en una lógica binaria —“estás con la gente o con los delincuentes”— que empobrece una discusión que involucra niñez, derechos constitucionales y política criminal de largo plazo.

La baja de la edad de imputabilidad vuelve una y otra vez al Congreso empujada por tragedias. La pregunta es si esta vez la discusión logrará ir más allá del impacto emocional y construir una política pública integral o si, una vez más, se optará por una solución rápida, simbólica y de eficacia dudosa.

En países como Argentina, donde las desigualdades estructurales, la fragmentación territorial y la presencia de economías ilegales conviven con sistemas de protección social frágiles, la discusión adquiere un espesor adicional. No se trata solo de qué edad fija la ley, sino de qué Estado existe para intervenir antes, durante y después del delito. Porque bajar la imputabilidad sin reforzar educación, salud mental, dispositivos comunitarios y justicia juvenil especializada implica trasladar a los tribunales —y eventualmente a institutos de encierro— problemas que nacen mucho antes y fuera del sistema penal. El riesgo es que la ley termine funcionando como una respuesta uniforme para realidades profundamente desiguales.

La advertencia es clara: sin capacidad estatal real, la reforma puede convertirse en un gesto político más que en una política pública efectiva. Equipos interdisciplinarios, instituciones adecuadas, seguimiento familiar, medidas restaurativas y alternativas al encierro requieren recursos, planificación y tiempo.

La pregunta de fondo, entonces, no es solo si el Congreso bajará o no la edad de imputabilidad, sino si está dispuesto a asumir el costo de construir un sistema que no reproduzca la violencia que dice combatir. Porque cuando el castigo reemplaza a la prevención y la urgencia tapa el diagnóstico, el resultado suele ser el mismo: más encierro, menos futuro y una deuda que vuelve, siempre, con los más chicos.