Investigan muerte en la comisaría de J. V. González; hay siete detenidos
Siete jóvenes serán imputados en el marco de la investigación por la muerte de José Antonio “Niti” Cuellar, ocurrida tras su detención en la Comisaría 1ª de Joaquín V. González. Los familiares reclaman información, cuestionan las condiciones de detención y denuncian arbitrariedades.
Familiares de siete jóvenes detenidos en la ciudad de Joaquín V. González permanecieron desde temprano en la puerta de la Fiscalía local, a la espera de definiciones judiciales en el marco de la causa que investiga la muerte de José Antonio “Niti” Cuellar, de 52 años, ocurrida el pasado 28 de enero luego de haber sido trasladado desde la Comisaría 1ª al hospital de la ciudad.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal 1 de Anta, dirigida por la fiscal María Celeste García Pisacic.
La causa se originó tras la muerte de Cuellar, quien había sido detenido acusado de abuso sexual en perjuicio de una niña.
Según trascendió, el hombre fue agredido previamente por familiares de la menor y, de acuerdo a testimonios, también habría sido golpeado al momento de su detención.
Posteriormente fue alojado en una celda de la Comisaría 1ª, de donde fue retirado en mal estado de salud y trasladado al hospital, donde falleció. Las circunstancias de su muerte aún se encuentran bajo investigación.
Los familiares también cuestionaron que, habiendo más de 30 personas alojadas en la misma celda, solo siete jóvenes -a quienes describieron como personas con problemas de adicciones- hayan sido imputados en la causa. Asimismo, reclamaron que no se haya brindado información pública sobre los efectivos policiales que se encontraban de guardia al momento de los hechos.
El reclamo de los familiares
Según relataron familiares de los acusados, desde la noche del miércoles 28 de enero comenzaron una serie de traslados a distintas dependencias policiales, sin que se brindara información oficial sobre los destinos ni las condiciones en las que eran llevados los detenidos. Indicaron que algunos fueron trasladados a General Pizarro y otros a diferentes localidades, lo que generó momentos de incertidumbre y preocupación.
Se denunció además que los jóvenes permanecieron incomunicados durante varios días y que se les negó información tanto en dependencias policiales como en la fiscalía.
También señalaron dificultades para hacer llegar alimentos y denunciaron presuntas condiciones de detención inhumanas, al afirmar que 31 personas compartían una celda de reducidas dimensiones en la comisaría local.
De acuerdo a lo manifestado por una de las madres, ninguno de los siete detenidos cuenta con abogado particular debido a la imposibilidad de afrontar los costos. La defensa oficial está a cargo del Ministerio Público de la Defensa, aunque los familiares expresaron disconformidad por la falta de explicaciones claras sobre las imputaciones y el alcance de la acusación.