Sáenz denunció presiones dentro del peronismo en torno a la reforma laboral
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, afirmó que dirigentes del Partido Justicialista (PJ) ejercen presiones y amenazas para que los legisladores peronistas no respalden la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, a pocas horas del inicio del debate en el Senado.
La denuncia se produce en un momento de fuerte tensión política, en el que el oficialismo busca asegurar la aprobación de la iniciativa que propone cambios en las regulaciones laborales.
Sáenz sostuvo que la conducción nacional del PJ estaría condicionando a senadores y diputados para que rechacen o bloqueen el proyecto.
El gobernador señaló que algunos miembros del denominado bloque Convicción Federal —un grupo de cinco senadores peronistas con posturas más abiertas al diálogo con el oficialismo— han sido objetivo de presiones internas, incluida la advertencia de intervenir las estructuras del PJ provincial si apoyan la reforma. Para Sáenz, la antesala de esta prácticas ya se aplicó en provincias como Misiones, Jujuy y la propia Salta.
El bloque mayoritario del peronismo cuenta con 28 legisladores, cuya decisión será clave para el resultado de la votación, prevista para este miércoles a partir de las 11 en el Senado. El oficialismo nacional, por su parte, intensificó contactos con gobernadores provinciales para conseguir respaldos y compensaciones fiscales, en un contexto marcado por la resistencia del kirchnerismo y las advertencias de organizaciones sindicales.
Sáenz manifestó que, aunque su posición es acompañar la reforma laboral, también busca que se escuchen las demandas provinciales y advirtió sobre los costos políticos que enfrentan los legisladores que rompan la disciplina partidaria.
“Así es muy difícil trabajar”, sintetizó Sáenz. No aludía solo a esta votación, sino a un sistema en el que el debate político queda subordinado al castigo interno, la autonomía se penaliza y discutir una ley implica poner en riesgo la propia estructura.
“Sin las provincias, no pasa
El bloque peronista, con 28 integrantes, llega a la sesión atravesado por desconfianzas internas. La conducción busca sostener una postura unificada, pero enfrenta crecientes dificultades para contener a los sectores dialoguistas. La derrota electoral, la falta de liderazgo y las tensiones entre Nación y provincias han erosionado la disciplina.
Convicción Federal opera como termómetro de esa crisis: exige margen para negociar beneficios concretos para sus distritos y resiste quedar atrapado en una lógica de confrontación permanente, lo que los convierte en blanco de críticas internas.
Desde el kirchnerismo los acusan de “coquetear” con el oficialismo y de anteponer intereses provinciales a la estrategia nacional. Ellos responden que no están dispuestos a asumir los costos económicos y sociales en sus provincias por una disputa política que consideran ajena.
En el trasfondo emerge la figura de Cristina Kirchner, referencia principal del sector más duro del peronismo. Su entorno promueve una oposición frontal a la reforma y trabaja para evitar fugas.
En este esquema, las intervenciones partidarias funcionan como mecanismo de control. No solo disciplinan a los dirigentes actuales, sino que envían una señal preventiva al resto: apartarse de la línea tiene consecuencias.
Presión gremial
A la disputa política se suma la presión gremial. La CGT convocó a una movilización para el día de la sesión y anticipó un clima de fuerte presión en las inmediaciones del Congreso. Si bien evitó llamar a un paro general, la marcha busca marcar un límite simbólico a la reforma y condicionar a los legisladores indecisos.
En varias provincias, los gremios hicieron sentir su peso con advertencias directas. Avalar el proyecto puede derivar en conflictos locales, paros sectoriales y desgaste político. Para numerosos legisladores, ese factor resulta tan determinante como las presiones partidarias.
El voto quedó así atrapado entre tres presiones: la del partido, la sindical y la del Gobierno nacional.
Para Milei, la votación representa un test de liderazgo: es su primera reforma estructural en un Congreso fragmentado y sin mayoría propia. Un revés abriría interrogantes sobre su capacidad para imponer la agenda.
Para el peronismo, será una prueba de cohesión. Para los gobernadores, un examen de supervivencia. Para los legisladores, una apuesta individual.