Nulidades y pedidos de inhibición en la primera audiencia del juicio en contra de Kila Gonza
Con la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, se abrió formalmente el debate oral contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; el exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás; y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, todos imputados por delitos contra la administración pública.
El proceso es llevado adelante por un tribunal colegiado presidido por el juez Federico Diez, junto a los vocales Paola Marocco y Francisco Mascarello. Por el Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria.
Planteos preliminares
Durante la primera jornada, el tribunal resolvió diversas cuestiones preliminares.
Entre ellas, hizo lugar parcialmente a un pedido de revocatoria presentado por la anterior defensa de los hermanos Gonza; declaró abstracto un planteo de nulidad impulsado por la defensa de Guaymás; y dejó pendiente de resolución un recurso de casación interpuesto por este último.
Posteriormente, el abogado de Guaymás planteó una nueva cuestión preliminar, solicitando la inhibición del juez Diez al sostener que habría intervenido como juez de instrucción en una causa anterior, fechada en 2011, donde también estaba imputado su defendido.
Tras escuchar a la fiscalía y a la querella —representada por Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez en nombre de la Municipalidad de San Lorenzo— el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de febrero a las 9.30. El objetivo es que las partes puedan revisar el expediente mencionado antes de continuar con el debate.
Las imputaciones
Ernesto Fernando Gonza está acusado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real.
Por su parte, Rogelio Guaymás enfrenta cargos por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En tanto, Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado en calidad de partícipe necesario.
Origen de la causa
La investigación se inició tras una denuncia presentada por el actual jefe comunal de San Lorenzo, quien al asumir su primer mandato ordenó una auditoría externa sobre la gestión de su antecesor.
El informe final detectó numerosas irregularidades. De acuerdo con la acusación, el exintendente habría incumplido reiteradamente las normativas que regulan el sistema financiero y la administración municipal. Según el decreto de imputación, los acusados habrían dispuesto de manera discrecional de fondos públicos sin respetar los procedimientos legales, lo que habría provocado un grave perjuicio al erario municipal. Además, se señala la falta de rendición de cuentas al finalizar el mandato, lo que —según la fiscalía— habría facilitado el manejo irregular de recursos públicos. El debate continuará una vez resuelta la cuestión vinculada a la posible inhibición del magistrado interviniente.