Los legisladores salteños expusieron posturas firmes durante el debate por el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Desde distintos enfoques, defendieron la reforma como una respuesta ante el crecimiento de delitos cometidos por menores y como una actualización pendiente del sistema penal.
La diputada nacional Emilia Orozco respaldó con énfasis la iniciativa y centró su intervención en el reclamo de justicia de las víctimas. “El delincuente es delincuente tenga 8, 9, 15 o la edad que sea. Delito de adulto, pena de adulto”, afirmó, al sostener que incluso no habría fijado un límite etario para la responsabilidad penal.
En un discurso mencionó el asesinato de Thiago Mendoza en Orán y aseguró tener “un compromiso moral” con las familias. “No son niños, son delincuentes. El que las hace, las paga”, insistió.
Por su parte, el senador nacional Gonzalo Guzmán Coraita, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, calificó la jornada como “histórica” y defendió la reforma como una modernización necesaria.
Recordó que la actual Ley de Minoridad rige desde 1980, es anterior a la reforma constitucional de 1994 y a la jerarquización de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sostuvo que el nuevo régimen es “moderno, integral y especializado”, que garantiza el debido proceso y que la edad de 16 años “no es un estándar en sí mismo”, ya que en varios países se fija en 14.
Además, citó datos de la Corte Suprema: en 2023 hubo 17.551 causas con menores involucrados y en 2024 fueron 18.972, un aumento del 10%.
En tanto, la senadora nacional Flavia Royón consideró que la reforma representa “un cambio importante”, ya que permitirá que los adolescentes en conflicto con la ley tengan un proceso justo, sean escuchados y cuenten con equipos especializados para su resocialización, dentro de un esquema con mayores garantías.