El concejal del bloque La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Salta, Carlos Maximiliano Casasola, fue denunciado penalmente por su expareja por presuntas lesiones en un contexto de violencia de género.
La presentación judicial fue realizada por su expareja, con quien mantuvo una relación de diez años. La causa quedó radicada en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género Nº1. Desde La Libertad Avanza confirmaron que el caso será analizado por la Junta de Disciplina del espacio.
La causa se tramita en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género Nº1, que ya inició la investigación. La denuncia fue radicada a comienzos de enero y refiere a hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2025, en el domicilio que ambos compartían en barrio Castañares. Según consta en el acta policial a la que accedió Nuevo Diario, tras una discusión, el edil le habría propinado “una patada” en las piernas.
La mujer señaló que la relación se extendió durante aproximadamente diez años y que durante ese período existieron episodios de violencia en la convivencia. En su declaración también relató que días antes del hecho, se había producido una discusión cuando se enteró de que el concejal viajaría junto a otra mujer, situación que derivó en un nuevo conflicto. De acuerdo con la denuncia, luego del episodio de violencia física decidió abandonar la vivienda que compartían y trasladarse a la casa de sus padres, en barrio Alto La Viña, por temor a nuevas agresiones.
Hostigamiento tras la separación
En la presentación judicial la denunciante también describió situaciones posteriores a la ruptura que le generaron temor. Según su relato, el concejal se habría presentado en reiteradas oportunidades en las inmediaciones del domicilio donde actualmente reside y le enviaba mensajes de WhatsApp informándole que se encontraba afuera de la vivienda. “Me siento acosada”, expresó en uno de los tramos de la exposición, donde además solicitó medidas urgentes de protección. Entre los pedidos realizados ante la Justicia, requirió una prohibición de acercamiento hacia su persona, su domicilio y su grupo familiar, además de que el acusado y su entorno se abstengan de contactarla por cualquier medio. También solicitó autorización para retirar pertenencias personales que permanecen en la vivienda que compartían, entre ellas ropa, material de estudio y electrodomésticos. La causa se encuentra actualmente en etapa investigativa y se esperan las medidas que disponga el Ministerio Público Fiscal.
Ecos en LLA
La denuncia generó repercusiones inmediatas en el ámbito político local. Desde el propio bloque de La Libertad Avanza reconocieron la existencia de la causa judicial y adelantaron que el caso será analizado por la Junta de Disciplina del espacio. La concejal Laura Jorge Saravia confirmó públicamente la situación y señaló que el partido evaluará los pasos a seguir. Sus declaraciones contrastaron con lo expresado previamente por el concejal Rodrigo Quinteros, quien había relativizado el tema y sostuvo que no contaban con documentación formal sobre la denuncia. El órgano partidario que deberá intervenir está integrado, entre otros dirigentes, por la diputada nacional Emilia Orozco y el exdiputado Alfredo Olmedo. El caso vuelve a colocar bajo escrutinio al espacio libertario en Salta. En 2025, el entonces concejal Pablo López fue denunciado también por violencia de género, situación que terminó con su expulsión.



