Diputados debatió crímenes de odio a mujeres originarias: el proyecto volvió al Senado
La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes con modificaciones el proyecto conocido desde los feminismos y sectores de Derechos Humanos, como “Ley Octorina”, una iniciativa destinada a visibilizar, sensibilizar y educar para prevenir agresiones sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes de pueblos originarios.
El expediente, que había llegado en revisión desde el Senado con autoría del senador Walter Cruz, deberá regresar ahora a la Cámara alta para su tratamiento final.
Más allá del trámite legislativo, la sesión dejó como saldo la irrupción, de una discusión largamente postergada sobre la persistencia de una violencia racial, sexual y territorial que atraviesa históricamente a comunidades indígenas del norte salteño.
Lo que quedó expuesta fue la dificultad persistente del Estado para asumir que ciertas violencias no pueden leerse únicamente como hechos aislados o delitos individuales, sino como parte de una trama histórica de desigualdad. Durante décadas, esas agresiones fueron nombradas de manera ambigua o directamente silenciadas. El proyecto de la llamada Ley Octorina, en reconocimiento a la lucha por la visibilización de este flagelo, -de la lideresa wichí Octorina Zamora– intenta romper con esa lógica de invisibilización.
De una denuncia colectiva a la agenda pública
La diputada Laura Cartuccia, miembro informante del proyecto, explicó que la iniciativa surge a partir del impulso de mujeres wichí que decidieron visibilizar una situación de violencia sexual sostenida sobre relaciones históricas de sometimiento.
En su intervención recordó el caso de Juana, una joven abusada en 2015 por un grupo de hombres criollos en Alto La Sierra. La denuncia fue realizada por su madre en medio de amenazas y obstáculos institucionales, pero finalmente derivó en la condena de los responsables. Para Cartuccia, el proyecto busca reconocer una realidad que durante años permaneció invisibilizada. Según explicó, la violencia que sufren niñas y adolescentes indígenas se agrava por un conjunto de factores estructurales: desigualdad territorial, discriminación racial, pobreza y dificultades para acceder a la justicia.
El proyecto establece además herramientas institucionales como la elaboración de estadísticas, la construcción de un mapa de casos, campañas de sensibilización y capacitación para funcionarios estatales.
El debate sobre el “chineo”
Uno de los momentos más intensos del debate llegó con la intervención del diputado Jorge Restom, representante del departamento San Martín, quien cuestionó el uso del término “chineo”. El legislador sostuvo que esa palabra funciona como un eufemismo que encubre lo que en términos jurídicos constituye una violación.
Apoyándose en investigaciones de organismos internacionales y trabajos académicos de FLACSO, ONU y UNICEF, Restom explicó que el chineo describe una práctica en la que varones criollos ingresan a comunidades indígenas en busca de relaciones sexuales con niñas o adolescentes.
El diputado vinculó este fenómeno con lo que algunos autores denominan la colonialidad del poder, es decir, la persistencia de estructuras de dominación racial heredadas desde la conquista. Según planteó, el propio término “china”, utilizado históricamente para referirse de forma despectiva a mujeres indígenas, expresa ese patrón colonial que naturalizó la disponibilidad sexual de sus cuerpos.
Interseccionalidad
La diputada Frida Fonseca retomó ese enfoque al situar el problema en el cruce entre distintas formas de desigualdad. Durante su intervención recordó la figura de Octorina Zamora, histórica referente indígena que denunció durante años estas prácticas y cuya memoria inspira el proyecto. Sostuvo que las agresiones sexuales contra niñas indígenas no pueden analizarse únicamente como delitos individuales, sino como fenómenos atravesados por discriminación racial, desigualdad territorial y violencia de género.
En ese sentido, defendió la necesidad de incorporar protocolos de intervención que permitan mejorar el acceso a la justicia en comunidades alejadas, donde las barreras geográficas, culturales y lingüísticas dificultan las denuncias.
La legisladora planteó además que la problemática se agrava por la situación de vulnerabilidad estructural que enfrentan muchas comunidades indígenas del norte provincial.
La voz de los pueblos originarios
Uno de los momentos más simbólicos de la sesión fue la intervención del diputado Rogelio Segundo, representante del departamento Rivadavia.
El legislador pidió autorización para hablar primero en idioma wichí con el objetivo de informar a su comunidad sobre el contenido del proyecto. Luego, ya en castellano, explicó que la violencia sexual contra niñas indígenas sigue siendo una realidad presente en distintos territorios del norte salteño. Segundo sostuvo que el silencio social muchas veces contribuye a la impunidad y remarcó que estos delitos no solo destruyen la dignidad de las víctimas, sino que afectan a comunidades enteras.
Tensiones del debate
Aunque el proyecto recibió un respaldo mayoritario, el debate también expuso diferencias sobre el enfoque jurídico de la iniciativa.
Algunos legisladores cuestionaron el uso del concepto “crímenes de odio”, argumentando que el Código Penal argentino ya contempla agravantes cuando los delitos se cometen por motivos discriminatorios. Otros legisladores, en cambio, defendieron la necesidad de contar con una norma específica que permita visibilizar una violencia estructural que durante décadas permaneció naturalizada.
También se plantearon preocupaciones vinculadas a la trata de personas y a la necesidad de fortalecer la articulación entre organismos provinciales y nacionales.
Una ley que busca romper el silencio
Finalmente, el proyecto fue aprobado en general y en particular con modificaciones, por lo que deberá regresar al Senado para su revisión.
En una provincia donde las comunidades originarias continúan enfrentando desigualdades territoriales, barreras culturales y dificultades para acceder a la justicia, la discusión sobre la llamada Ley Octorina abrió una pregunta más amplia sobre el rol del Estado frente a estas violencias. Porque detrás de lo que durante años se nombró con palabras imprecisas o directamente se silenció, lo que existe es una realidad persistente de discriminación, abuso y desigualdad que recién ahora comienza a ser discutida en el centro de la agenda pública.