La ofensiva de la cuenta oficial de Javier Milei contra Malena Galmarini reabrió la disputa por la autoría política del gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner).
Pero desde Salta, donde la reversión del Gasoducto Norte fue una urgencia concreta antes que una bandera partidaria, el cruce revela algo más profundo: el Gobierno nacional intenta apropiarse de resultados heredados mientras demora obras estratégicas y vuelve a relegar al norte en la ecuación energética.
La discusión arrancó como casi todo en la Argentina libertaria: no desde una explicación técnica, sino desde una lógica de combate. La Oficina de Respuesta Oficial del presidente Javier Milei salió a cruzar con dureza a Malena Galmarini, luego de que la dirigente del Frente Renovador reivindicara el rol del kirchnerismo y de Sergio Massa en la construcción del gasoducto de Vaca Muerta. El mensaje libertario sostuvo que el gobierno anterior inauguró “un caño que no estaba conectado a nada” y que recién la actual gestión completó las obras clave para su funcionamiento. Sin embargo, la respuesta de Flavia Royon, hoy senadora nacional por Salta y ex secretaria de Energía tanto de Alberto Fernández como en el inicio del gobierno de Milei, puso el foco donde más incomoda al oficialismo: en los datos. Y ahí la discusión cambió de tono. Ya no se trata solo de una pulseada por el mérito político, sino de una pelea entre relato y trazabilidad técnica.
El núcleo de la disputa
La cuenta oficial del mileísmo construyó su argumento sobre una idea fuerte y de alto impacto político: que el kirchnerismo había inaugurado en julio de 2023 una obra inconclusa, un gasoducto sin utilidad real, sin conexión efectiva y con plantas compresoras fundamentales abandonadas. En esa línea, el Gobierno afirmó que fue la gestión de Milei la que finalizó lo verdaderamente importante el 10 de noviembre de 2024, al completar las plantas compresoras de Tratayén y Salliqueló. Royon respondió con una precisión que desarma esa simplificación. Sostuvo que el gasoducto ya estaba operativo durante el segundo semestre de 2023, transportando 11 millones de metros cúbicos diarios, y que entre julio de 2023 y julio de 2024 circularon por allí más de 4.000 millones de metros cúbicos de gas. Su planteo es central: las plantas compresoras no eran condición para que el ducto existiera o funcionara, sino parte de una segunda etapa destinada a ampliar su capacidad. Ahí aparece el primer contrapunto de fondo. El oficialismo presenta la obra anterior como una escenografía electoral. Royón, en cambio, la define como una primera fase operativa ya terminada, sobre la que después debía montarse una ampliación. Una cosa es decir que el sistema no había alcanzado su máxima capacidad. Otra, muy distinta, es afirmar que no servía para nada.
Dos relatos, dos números
La pelea política también se juega en las cifras. La Oficina de Respuesta Oficial asegura que, tras la intervención del actual gobierno, hoy hay 25 millones de metros cúbicos diarios de capacidad de transporte y un ahorro estimado de 755 millones de dólares anuales en importaciones. Además, agrega que ya se adjudicó una ampliación privada para llevar esa capacidad a 35 millones de metros cúbicos diarios. Royón contrapone otra lectura: afirma que el número de capacidad con ambas compresoras operativas es de 21 millones de metros cúbicos diarios y que los 35 millones corresponden a una ampliación posterior, prevista para 2027, no a la obra ya concluida. También cuestiona que se presente como hito de finalización el 10 de noviembre de 2024, cuando lo que efectivamente ocurrió en esa fecha fue, según remarcó, el cambio de nombre del gasoducto mediante resolución oficial. Ese punto no es menor. Porque si la cuenta libertaria mezcla en un mismo paquete cambio simbólico, terminación técnica y expansión futura, entonces no solo sobreactúa el mérito propio: reordena los tiempos de la obra para construir una escena de refundación política. En otras palabras, Milei no aparece como continuador de una infraestructura ya iniciada y parcialmente operativa, sino como quien la rescata de la nada. Y eso, a la luz de los datos que plantea Royón, es por lo menos discutible.
El dato incómodo para Nación
Royón suma un elemento que complica todavía más el relato libertario. Señala que durante 2024 Argentina gastó 3.900 millones de dólares menos en importar energía que en 2023 y exportó 1.700 millones más, generando un superávit energético de 5.600 millones de dólares, el mayor en más de 20 años. Según su interpretación, esos resultados no pueden atribuirse a una supuesta “terminación” tardía de noviembre de 2024, sino a más de un año de operación efectiva del gasoducto. La importancia política de ese argumento es evidente. Si el ducto ya venía funcionando desde 2023, entonces el Gobierno nacional no puede presentar todo el beneficio macroeconómico como producto exclusivo de su gestión. Puede, sí, adjudicarse la continuidad o la aceleración de etapas posteriores. Pero no la invención de una obra que ya estaba aportando al sistema energético argentino.
En clave salteña
Visto desde Salta, la discusión no puede agotarse en el gasoducto de Vaca Muerta. Porque para el norte argentino el verdadero cuello de botella estaba y está en la reversión del Gasoducto Norte, la obra complementaria que permite llevar ese gas hacia Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, en un contexto donde Bolivia ya no puede garantizar el abastecimiento histórico
Y es que mientras la Casa Rosada polemiza sobre la autoría del Perito Moreno, en 2024 el gobierno salteño debió pedirle a Nación que garantizara el abastecimiento de gas. Es decir: el norte no discutía en redes quién se llevaba la medalla. Discutía cómo iba a calefaccionar hogares y sostener la producción sin una obra terminada. Ese es el punto donde la mirada salteña introduce una crítica más profunda. La política energética no puede medirse solo por el impacto macro o por el volumen transportado en Buenos Aires. También debe medirse por la capacidad de resolver a tiempo las necesidades del interior. Y en ese plano, el arranque de la gestión Milei estuvo atravesado por frenos, revisiones y demoras que a la fecha siguen.
La reversión del Gasoducto Norte era una obra estratégica y relativamente accesible en términos de costo frente al impacto esperado. Permitía reemplazar la dependencia del gas boliviano por gas de Vaca Muerta, reconfigurando la matriz de abastecimiento del norte argentino. Además, era considerada clave no solo para hogares e industrias, sino también para nuevos desarrollos productivos, incluida la minería. Royón retoma ese punto cuando advierte que la experiencia del ex GPNK se está repitiendo con la reversión del Gasoducto Norte. Su frase va al centro del problema: cada mes sin infraestructura tiene un costo concreto en dólares y en vulnerabilidad.
En otras palabras, el ajuste no es neutro. Cuando se demora una obra energética, no solo se retarda una inversión: se encarece el abastecimiento, se deteriora la seguridad del sistema y se profundizan las asimetrías regionales. La pelea por el gasoducto, entonces, no es solo una disputa por el pasado. Es una advertencia sobre el presente. Nación quiere exhibir como trofeo una obra que ya venía en mar cha, mientras el norte to-davía espera que la infra-estructura complementaria llegue a tiempo, que los costos no recaigan otra vez sobre las provincias y que el federalismo energético deje de ser una promesa de ocasión. Todo lo demás, por más estridente que suene en X, es propaganda con caños ajenos.