La intendenta de General Mosconi admitió atrasos salariales en la planta política
La caída sostenida de la coparticipación y el freno en las regalías petroleras pusieron en jaque las finanzas del municipio. Ana Guerrero Palma negó un quiebre institucional, pero reconoció un escenario de fuerte ajuste sobre la planta política.
La intendenta de General Mosconi, Ana Guerrero Palma, salió a dar explicaciones públicas en medio de la creciente preocupación por la situación económica del municipio, luego de que se viralizara un mensaje interno en el que instaba a funcionarios a dar un paso al costado ante la imposibilidad de sostener los salarios.
En una entrevista reciente a medios locales, la jefa comunal confirmó que el municipio atraviesa un momento crítico, aunque buscó llevar tranquilidad al asegurar que los trabajadores de planta permanente no se han visto afectados. Según detalló, los haberes de ese sector fueron abonados en tiempo y forma, mientras que los retrasos —de entre seis y siete días— impactan exclusivamente en el gabinete y el personal de planta política. “El mensaje fue tergiversado con malicia”, sostuvo Guerrero Palma, al ratificar el contenido de la comunicación interna. Lejos de retroceder, reafirmó que la situación obliga a tomar decisiones incómodas: quienes no puedan sostenerse en este contexto, deberán evaluar otras alternativas laborales.
Siete meses en caída y un modelo en tensión
Planteados así los hechos, la jefa comunal alertó encontrarse sin margen de maniobra. Guerrero explicó que el municipio acumula siete meses consecutivos de caída en la coparticipación, a lo que se suma el estancamiento de las regalías hidrocarburíferas, históricamente una de las principales fuentes de ingresos de la comuna. El combo se completa con un aumento sostenido de los costos operativos: insumos, combustible, acuerdos paritarios y asistencia social. Este último punto, subrayó, incluye gastos sensibles como el traslado de pacientes, pago de pasajes y alquileres para vecinos que deben viajar por razones de salud. En ese contexto, el municipio también debió suspender prácticas habituales como los anticipos salariales, utilizados para aliviar la economía de los trabajadores en momentos de tensión financiera.
Guerrero Palma remarcó que la medida alcanza principalmente a funcionarios incorporados desde diciembre de 2023, en un intento por preservar el funcionamiento básico del Estado municipal y proteger a los trabajadores de carrera. En paralelo, aseguró que se mantendrán servicios considerados esenciales, como la asistencia a través de la “Casa de Mosconi” en la ciudad de Salta y los traslados sanitarios, aunque reconoció que esos costos también se dispararon y condicionan cualquier margen de acción. “Hay un bache financiero, no un quiebre institucional”, insistió la intendenta, quien destacó que la administración se mantiene “prolija” y que cuenta con el acompañamiento del Gobierno provincial para atravesar la coyuntura.
Mosconi vuelve a poner en evidencia las limitaciones de un esquema económico fuertemente dependiente de recursos externos. La caída de la actividad hidrocarburífera, sumada a una recaudación local debilitada, deja a municipios como los del departamento San Martín expuestos a ciclos de ajuste cada vez más frecuentes.