En La Silleta mantienen las esperanzas de ser municipio, pese a la media sanción de Diputados

La última sesión de la Cámara de Diputados de Salta dejó una escena que, para algunos, fue institucional; para otros, directamente irritante. Con media sanción a la Carta Orgánica de la Municipalidad de Campo Quijano, el cuerpo legislativo avanzó en un proceso que, lejos de cerrar debates, volvió a encender una disputa histórica: el reclamo de La Silleta por su municipalización.

Desde ese territorio y en diálogo permanente con Nuevo Diario, el vecino Rubén Olarte, una de las voces más activas del movimiento, trazó un análisis crítico de lo ocurrido, mezclando frustración, diagnóstico político y una convicción que, a esta altura, parece inquebrantable: la pelea sigue siendo, antes que nada, jurídica. “Siempre pensamos que la lucha es jurídica desde el día uno”, sostuvo Olarte, quien remarcó la contradicción normativa que, según denuncian, aún pesa sobre La Silleta.

“Hoy coexiste una ley de la democracia con un decreto militar. Es absurdo”, afirmó, aludiendo a un entramado legal que, lejos de aclarar el estatus del territorio, lo mantiene en una especie de limbo institucional.

Una Carta Orgánica bajo cuestión

El malestar de los vecinos no es nuevo, pero la media sanción de la Carta Orgánica lo profundizó. Según Olarte, el proceso estuvo marcado por la falta de diálogo y la ausencia de respuestas institucionales. El 4 de marzo, vecinos silletanos presentaron un petitorio ante la Cámara de Diputados solicitando ser recibidos por su presidente.

Buscaban exponer pruebas sobre la supuesta ilegitimidad de la Comisión Municipal que impulsó el proceso. No obtuvieron respuesta. “Fuimos a la Legislatura, pedimos que alguien nos atendiera y nadie lo hizo”, relató.

Recién una secretaria del área parlamentaria recibió el documento, sin mayores consecuencias. Horas después, ya desde afuera, los vecinos siguieron la sesión por los medios. Lo que escucharon no hizo más que profundizar la distancia. Olarte cuestionó especialmente al diputado autor del proyecto, Nicolás Taibo, a quien acusó de sostener que la Carta Orgánica respondía a un pedido de los quijaneños. “Eso es falso. No existe un solo petitorio que lo respalde”, aseguró. En contraposición, recordó que desde La Silleta reunieron más de 550 firmas en rechazo a la iniciativa.

La disputa de fondo: ¿crear o restituir?

Uno de los puntos centrales del conflicto pasa por una diferencia conceptual que, en política, nunca es inocente: la idea de “crear” un municipio versus la de “restituirlo”.

Mientras desde algunos sectores se argumenta que no hay recursos para una nueva estructura municipal -específicamente en la alocución de la diputada por el Departamento Rosario de Lerma, Griselda Galleguillos-, los vecinos sostienen que ese enfoque parte de una premisa equivocada.

“Nosotros no estamos pidiendo que nos den un municipio. Ya somos municipio. Lo que pedimos es que nos lo restituyan”, explicó Olarte. Según su planteo, los recursos que históricamente correspondían a La Silleta continúan siendo enviados por la Provincia, pero administrados por Campo Quijano.

Traducido: la discusión no sería económica, sino política y legal. Y eso cambia bastante el tablero.

Entre los aspectos más sensibles de la nueva Carta Orgánica aparece el artículo 5, que, según denuncian los silletanos, desconoce normas posteriores que establecen su separación de Campo Quijano. En concreto, se apoyaría en una ley de 1947 para definir límites territoriales, ignorando una legislación de 1964 que —según sostienen— reconoce la autonomía de La Silleta. Para los vecinos, este punto no es técnico ni menor: implica consolidar una situación que consideran injusta y que va en contra de su reclamo histórico.

A pesar del escenario adverso, Olarte insiste en que hay “una lucecita de esperanza”. No desde la política, curiosamente, sino desde la justicia. La estrategia del grupo es clara y, al menos, coherente: avanzar primero por la vía judicial para aclarar el estatus legal de La Silleta y, recién después, volver al plano legislativo o político. “Cuando tengamos todos los deberes hechos, ahí iremos”, señaló. Mientras tanto, el proceso legislativo sigue su curso. La iniciativa deberá pasar ahora por el Senado, donde, según el propio Olarte, se descuenta su aprobación. Pero lejos de cerrar la discusión, ese paso podría ser apenas otro capítulo en un conflicto que lleva años y que, si algo demuestra, es que las decisiones institucionales no siempre logran ordenar lo que en el territorio sigue profundamente desordenado.