Mosconi también habilita apps entre comunas del norte con un acuerdo intermunicipal
Un nuevo modelo de movilidad comienza a tomar forma en el norte salteño, con un cambio que apunta directo a una de las tensiones más absurdas del sistema: las fronteras municipales que, en la práctica, complicaban tanto a choferes como a pasajeros.
General Mosconi formalizó su incorporación a un acuerdo intermunicipal que permite la circulación de aplicaciones de transporte como Uber o Cabify sin restricciones entre las ciudades adheridas. La medida busca desarmar el laberinto burocrático que obligaba a los conductores a tener múltiples habilitaciones según el municipio en el que trabajaran, una exigencia que en muchos casos terminaba en multas o retención de vehículos.
El eje del convenio es bastante simple, casi sospechosamente lógico: cada municipio reconoce las habilitaciones otorgadas por los otros. Es decir, si un conductor está registrado y en regla en su ciudad de origen, puede operar en las demás localidades firmantes sin necesidad de volver a inscribirse o pagar tasas adicionales. Un concepto revolucionario: no castigar a alguien por cruzar una avenida que casualmente marca un límite administrativo.
El acuerdo también establece un sistema de control coordinado. Las municipalidades compartirán información para verificar licencias, seguros y condiciones técnicas de los vehículos, intentando evitar que la flexibilización derive en un “vale todo”. La apertura, al menos en el papel, viene acompañada de controles. Para los trabajadores del sector, el impacto es inmediato. Se elimina la doble habilitación y se reduce la carga administrativa, una de las principales quejas del rubro. Para los usuarios, la consecuencia más tangible es la continuidad del servicio, especialmente en zonas donde el transporte público tradicional arrastra problemas estructurales desde hace años.
En el departamento San Martín, la adhesión de Mosconi deja en evidencia una situación incómoda: la de Tartagal, que aún no forma parte del esquema. La circulación diaria entre ambas ciudades por motivos laborales, educativos o de salud es constante, pero la falta de reglas comunes suele derivar en conflictos durante los controles. En otras palabras, la gente ya se mueve como si fuera un área integrada, pero la normativa todavía vive en compartimentos estancos.
El nuevo sistema intenta cerrar esa brecha. Si logra consolidarse, podría funcionar como el primer paso hacia una red de transporte regional más coherente, donde las apps cubran vacíos que el sistema tradicional no logra resolver. Claro que eso abre otro frente: el equilibrio con taxis y remises, que históricamente operaron bajo regulaciones más rígidas y ven en estas plataformas una competencia directa. El acuerdo tiene una vigencia inicial de dos años y renovación automática, lo que da cierto margen para evaluar su funcionamiento.
En ese período se pondrá a prueba si la coordinación entre municipios alcanza para sostener controles efectivos sin volver a caer en el festival de trabas que caracterizó al esquema anterior. Mientras tanto, las reglas básicas siguen vigentes: los conductores deberán contar con habilitación, seguro y revisión técnica al día, y los usuarios tendrán que verificar los datos del viaje dentro de la aplicación.
Libertad de circulación, sí, pero sin convertir la ruta en una especie de experimento social sin supervisión. Lo interesante, más allá de la medida puntual, es el cambio de enfoque. El convenio reconoce algo que el sentido común ya había resuelto hace tiempo: las personas no organizan su vida según los límites municipales.