AMET: la Junta Electoral rechazó acusaciones de proscripción planteadas por la Lista Roja
La Junta Electoral de AMET Regional XIII salió a responder públicamente a las denuncias de presunta proscripción formuladas por la Lista Roja N° 26, y aseguró que el proceso se desarrolla con “total independencia, transparencia y legalidad”.
La respuesta fue brindada por Fernando Marino a Nuevo Diario, quien detalló el cronograma electoral y los procedimientos adoptados desde la convocatoria a elecciones.
Según explicó, el proceso se inició el 3 de febrero de 2026, cuando la Junta Electoral Nacional designó a las autoridades de la Junta Electoral Regional XIII.
“Las elecciones fueron fijadas para el día 5 de mayo del corriente a nivel nacional y provincial”, indicó.
Posteriormente, el 11 de marzo se publicó la convocatoria oficial mediante edicto en un medio gráfico, momento en el cual la Junta comenzó formalmente con la atención a los afiliados y la recepción de listas.
De acuerdo a lo informado, se presentaron tres espacios para competir en las elecciones internas: las listas N° 2, 7 y 26, cada una con sus respectivos apoderados.
Sin embargo, tras el análisis de la documentación, solo una de ellas fue oficializada: la N° 2, de Claudio Jaime, actual secretario general del gremio.
Con respecto a las otras listas, explicó que los apoderados no cumplían los requisitos correspondientes que deben ser los mismos que los de los candidatos.
Frente a estas irregularidades, la Junta sostuvo que actuó conforme a lo establecido en la normativa interna del gremio, otorgando un plazo para corregir las observaciones.
“En ningún momento se rechazaron las listas sin darles el plazo legal estatutario que corresponde”, aseguró Marino.
En ese sentido, detalló que ambas listas fueron notificadas dentro del plazo correspondiente y contaron con 48 horas para subsanar los errores detectados en la presentación.
El descargo de la Junta Electoral se produce luego de que integrantes de la Lista Roja denunciaran públicamente un supuesto intento de proscripción, al considerar que las resoluciones emitidas carecían de sustento legal y tenían como objetivo impedir su participación en los comicios.
Desde ese sector advirtieron que la situación vulnera el estatuto sindical y la normativa vigente, y anticiparon que podrían recurrir a la Justicia para revertir la decisión.
Ante este escenario, Marino insistió en que todas las actuaciones se realizaron en el marco de la normativa vigente y rechazó las acusaciones.
“Queremos dejar en claro a la comunidad afiliada a AMET que estamos trabajando con total independencia, transparencia y legalidad en el proceso electoral”, sostuvo.